Tras la publicación de la investigación denominada Pandora Papers, en la que nuevamente se menciona un bufette de abogados de nuestro país, envueltos en ese escándalo, el gobierno panameño emitió un comunicado, que reproducimos a continuación íntegramente
«Ante la publicación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que se hacen señalamientos sobre supuestas actuaciones financieras irregulares ocurridas en el país, el Gobierno Nacional comunica lo siguiente:
Sin menoscabo a la libertad de prensa e información que respetamos decididamente, y con la intención de evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño, estamos trabajando de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos comunicado al equipo directivo de la ICIJ que seguimos con atención sus publicaciones y que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país.
La Superintendencia de Sujetos no Financieros, a su vez, hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país.
Y la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas.
Como contexto, Panamá ha firmado acuerdos de cooperación internacional como el Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), la Convención Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con el Tratado Tributario para prevenir la erosión de la base y la transferencia de beneficios (MLI), y la Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios (MAC) y ha implementado el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Erosión de la Base y Transferencia de Beneficios (BEPS) para abordar la evasión fiscal, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal internacional más transparente y competitivo.
Producto del continuo trabajo que estamos efectuando, en un solo año, por incumplimiento de la regulación panameña se suspendieron más del 50% de las 762,709 personas jurídicas inscritas en el Registro Público, impulsamos la supervisión constante del desempeño de los agentes residentes y firmas de abogados locales, y cumplimos con el intercambio de información fiscal con 66 países por medio de la DGI.
Frente a estas circunstancias, que afrontamos con responsabilidad, el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen recalcó: “es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley”.
