No hay lugar para las dudas: La Asamblea Nacional es un recinto cerrado al interés del país, donde reina un descarado trueque de favores e intereses político-partidistas cuyos únicos beneficiarios son los inquilinos de tan infausto perímetro.

La incapacidad de la clase política criolla para superar sus pequeñas miserias y debatir con los ojos puestos en los mejores intereses nacionales quedó evidenciada con el giro que tomaron las sensitivas reformas electorales que, tras quedar en manos de ese órgano del Estado, degeneraron hasta convertirse en una bofetada a los valores democráticos que ahí deberían regir. Todo el debate apuntó a los perniciosos intereses de quienes legislan a costa de las aspiraciones de la mayoría ciudadana.

Pero, esta bofetada echa por tierra, también, la democracia representativa vigente, que resulta insuficiente para asegurar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública. En ésta, mediante el voto ciudadano, se entrega el poder a quienes resulten electos, quienes toman las decisiones que terminan por afectar a todos. Razón por la que se hace necesaria una mayor participación ciudadana; incluir a todos en los procesos de discusión y toma de decisiones. Esto será posible únicamente construyendo una democracia participativa, que es aquella que otorga a la ciudadanía una mayor capacidad de intervención e influencia en los asuntos nacionales. Sólo mediante este sistema participativo podremos aspirar a una sociedad más justa, diversa y con un mayor grado de inclusión social, donde prevalezcan los valores de la tolerancia, la concertación y la colaboración.

Seguir por el camino andado, del juega vivo y las ventajas políticas, es jugar con las expectativas y la paciencia de un país que, hundido en la situación crítica producida por la pandemia, puede abocarse a una explosión social cuyas consecuencias resultan impredecibles.