Al igual que todo lo demás, los sistemas económicos están sometidos a los postulados de la ley de la evolución: para sobrevivir, deben adaptarse al entorno y entre mejor lo hagan, muchísimas más probabilidades tienen de seguir funcionando.

La economía global navega irreversiblemente hacia cambios profundos provocados por la pandemia del covid-19, por la revolución tecnológica acelerada por la crisis sanitaria causada por el virus y por todas las amenazas potenciales que vienen aparejadas con el cambio climático. Todo lo cual la convierte- a la economía- en un campo sembrado de múltiples y potenciales crisis prontas a explotar bajo alguna pisada equivocada.

América Latina y el Caribe figuran como una de las regiones más azotadas por la pandemia, en la que el número de víctimas mortales representa el 25 por ciento de las muertes a nivel global, mientras que la pérdida de empleos se sitúa en los 26 millones aproximadamente; con decenas de millones de negocios cerrados y que no volverán a funcionar, donde las micro y las pequeñas empresas resultaron las más afectadas.

En un escenario así, en el cual el más pequeño error de cálculo puede terminar de lanzar por los aires lo poco que la epidemia ha dejado en pie, se precisa de la cordura y los frenos para cualquier ambición desmedida e inoportuna; desde ambos bandos, en el mundo laboral, tanto de los empresarios como de los trabajadores.

Por todo ello, en la mesa de salario mínimo que será convocada para este mes de septiembre, el buen juicio y la solidaridad entre las partes debe primar sobre cualquier cálculo egoísta. Cada dos años se establece el salario mínimo que rige en el país y, el vigente, caduca el próximo 30 de diciembre por lo que se inician las negociaciones para establecer el que comenzará a regir a partir del 15 de enero del 2022.

En esta ocasión, las negociaciones se llevan a cabo en condiciones inéditas para el país debido a las monumentales afectaciones de la pandemia del nuevo coronavirus. Con una tasa de desempleo que ronda el 20 por ciento y una informalidad laboral que, según algunos expertos, se acerca al 60 por ciento, la de este mes se pinta como una de las más difíciles versiones de todas las negociaciones sobre salario mínimo. Esperemos que prevalezca la razón y la sana intención de lograr un balance equitativo entre los intereses de los distintos sectores involucrados; que no se convierta en un elemento explosivo agregado al ya minado campo del sector laboral nacional.