La Seguridad Juridica en Panamá durante la renovación de contrato con Panama Ports

Se vende un país portátil

Parafraseando a Rubén Blades, cuando en su canción nos definía, al decir “Se vende un país portátil, con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional” y a renglón seguía diciendo, “Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende, vive el crimen indultado o un charlatán Presidente”.

Así parece que en verdad estamos, tenemos un país en remate y venta, donde la dignidad nacional no vale un centavo y prefieren aplaudir a quien migajas en mano, se las tira cual palomas de parque.

Desde el año 1997 se comenzó a dar una serie de privatizaciones y concesiones, en las cuales se suponía que los intereses del Estado estaban salvaguardados.

Por un lado, se llamó a una Licitación Internacional para entregar los puertos de Balboa y Cristóbal. Otros le dicen que era una Concesión por 25 años, prorrogables.

Quien se gana aquella Licitación, hizo voluntariamente una propuesta y no como muchos hablan de que es la única concesión portuaria donde el Estado es accionista. Y lo es, porque la propuesta para ganarse la Licitación, PPC incluyo además de los 22 millones anuales y el 10% de los ingresos brutos anuales, darle al Estado un 10% de la empresa.

Fue una decisión voluntaria de la empresa y por eso se le adjudico, porque era la mas conveniente, en ese momento, entre las que presentaron ofertas. De aquella propuesta solo queda el 10% de acciones.

El gobierno de Mireya Moscoso mediante Resolución, que no era lo legal, cambio el contrato y elimino los 22 millones y el 10% de los ingresos brutos anuales, a cambio de una tarifa por mover contenedores.

Esta Resolución que fue atacada por los personeros del PRD en todos los lados, incluído el judicial, fue anulada por Martin Torrijos, pero solo por un día, pues al día siguiente la incluyo en una Adenda, para legalizarla. Lo que era malo en oposición, ya no fue malo cuando el PRD llego al Poder.

Lo demás ya es Historia, de ver como han tratado de prorrogar un contrato, donde el Estado sigue siendo el perjudicado.

No fueron capaces ni de ponerlos a pagar impuestos o a revisar la tarifa que en 2018 fue la última revisión que se debería hacer, y el gobierno de Varela no lo hizo.

Tarifa de movimientos de contenedor que inicia con Mireya a 6 dólares, con Martin subió a 9 dólares, con Martinelli subió a 12 dólares y en teoría debería ser 15 dólares el próximo aumento.

Pero algún funcionario decidió que, en vez de esos 3 dólares, mejor que fuera un máximo del 10% de la última tarifa, es decir un dólar con 20 centavos y así lo metieron en otra Adenda. País portátil le decimos a lo que nuestros funcionarios, supuestamente defienden.

Por otro lado, también del año 1997 se emitió otra Contrato Ley, el No 9 de 25 de febrero de ese año, mediante el cual se elevó a Ley el Contrato entre el Estado Panameño y la empresa actual Minera Panamá, por 13,600 hectáreas, para explotar oro y cobre.Todo por el simbólico porcentaje del 2%.

Dicha Concesión fue demandada y luego de años durmiendo en varios despachos de la Honorable Corte Suprema, el último periodo fueron 10 años en donde el Magistrado Mejía, quien en víspera de su salida en Diciembre de 2017 saca el proyecto que declaro Inconstitucional dicho Contrato Ley, dejando sin piso y techo a dicha concesión.

Si vemos bien, fue en 2017 que salió el fallo, pero por los abusos en el ejercicio del derecho, los abogados de la empresa presentaron aclaración, reconsideración y hasta advertencia de Inconstitucionalidad, para que no entrara a regir el fallo, previa publicación en la Gaceta Oficial.

Siendo que la Aclaración de Sentencia no cambia el fondo del asunto, la Corte se demoro 4 años, hasta Julio de 2021, para rechazar la aclaración y los recursos. Pero en ese tiempo la empresa, Minera Panamá, siguió funcionando como si nada pasara. Confiando en la mora judicial conveniente de la Corte. Ahora, algún funcionario tiene engavetado el fallo que debe publicarse en la Gaceta Oficial para que quede en firme.

Lo curioso de este tema, es que quienes salen a defender a la empresa, igual que a PPC y otras concesiones, son los funcionarios públicos, que deberían velar por los intereses del Estado primero.

Pero parece les va mejor del otro lado de la acera. Incluso en un carta que rueda por las redes, se habla de la insólita, para no decir estúpida afirmación de uno de los “negociadores” que dice que el cobre o los minerales que se extraen no son del Estado, sino de quien los explota. Olvidando por completo el artículo 257 numeral 5 de la Constitución, señala que El Estado es el dueño de la riqueza del subsuelo.

Y por otro lado seguir exonerando impuestos, que pagan todos los nacionales, y sin contar que hay Estados extranjeros con injerencias en dicha Concesión, lo cual no debería ser.

El Artículo 259 de la Constitución señala que “Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público.”.

Es decir, para su desarrollo siempre el Interés Publico y el bienestar social deberá ser lo primero. Pero por el contrario la empresa habla de que hay que renegociar o no se han sentado a renegociar.

Pero ¿que vas a renegociar sino tienes un Contrato Valido vigente?, lo único que tienen es el beneplácito de funcionarios inescrupuloso que se prestan para atrasar la entrada en vigencia del Fallo de la Corte Suprema. Porque lo accesorio corre la suerte de lo principal.

Lo triste de todos estos casos, donde se vende el país, son los medios de comunicación parcializados con uno u otro, peleando sus interés y no los del Estado; igualmente periodistas o “Influencers” usando sus redes sociales; comentaristas de medios de comunicación haciendo publicidad o recibiendo publicidad de empresas para condicionar su apoyo y manipular a las masas.

Olvidando que la Patria esta primero, que los dos centavos que le dan hoy por su apoyo, perjudica el futuro de muchos panameños e incluso sus propios hijos y descendientes. Ya que estas empresas vinieron hacer solo negocios y lo que invierten en responsabilidad social, es un caramelo para endulzar medios y acallar voces.

Y no son solo esos casos, ya que hay muchas más concesiones de minas y de puertos, que el Estado no recibe nada; empresas eléctricas y de telecomunicaciones extranjeras que abusan de la población, sin autoridad que le ponga coto o alto a los ultraje.

Como diría el Maestro Blades “Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Parado un país portátil con héroes falsificados, ideales hipotecados y total mediocridad”.

Nunca pensó Blades que esa canción le caería como anillo al dedo a su país, que ante la falta de dignidad de panameños y gobernantes que piensen en el futuro del país, solo ven como resuelven sus problemas, vendiendo conciencias, opiniones y haciéndose de la vista gorda, ante este saqueo nacional.

Porque como termina diciendo Rubén Blades en su canción “ Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero, con un préstamo en el extranjero hacerlo andar es muy fácil”. Que retrata a la actual administración, que nos ha endeudado en 12 mil millones en dos años, hipotecando el futuro de muchas generaciones, a cambio de nada. Así veo las cosas y así las cuento.

 

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