Cuando la irrupción de la variante delta del covid-19 amenaza con profundizar la gravedad de la crisis sanitaria nacional; en la provincia de Veraguas se lleva a cabo una fiesta, con presentación de músicos locales incluida, que socava aún más la poca credibilidad de las autoridades a estas alturas de la pandemia.

Y como si la impunidad con que se desenvuelven algunos grupos allegados al poder no fuera ya suficientemente ofensiva para los ciudadanos, tan grave como la falta cometida resulta la permisividad de un ministro que justifica lo ocurrido y pretende minimizarlo a pesar que, hace unos pocos meses, amenazó con destituir a todo funcionario que fuera sorprendido formando parte de estas actividades ilegales. Este mismo funcionario, días atrás, ofreció declaraciones donde dejó claramente establecido que, para algunos, las fiestas de carnaval pesan más que cualesquiera otros asuntos fundamentales, como la educación, cuyo futuro permanece en ascuas sin planes ni fechas claras respecto a su reanudación.

Aristóteles definía a la demagogia como “la forma corrupta o degenerada de la democracia” y al demagogo lo tildaba de “mentiroso” y “adulador del pueblo”. El tiempo terminó por darle la razón por estos parajes criollos.

Mal puede la nación alentar algún tipo de esperanza respecto al porvenir cercano, cuando los asuntos relevantes se gestionan impulsados por la más descarnada y elemental demagogia. Porque solo ésta explica acciones y palabras cuya única finalidad es ganar las simpatías de las masas. En un momento en que la popularidad de quienes gobiernan se encuentra en cifras de naufragio, se entierra el hacha de la razón y se recurre a la adulación y a las promesas irresponsables sin medir consecuencias. Y si a la demagogia se suma la reiterada impunidad de los colaboradores cercanos, la falta de credibilidad y confianza generada no ayudan a sumar el apoyo ciudadano tan necesario para superar la pandemia y acometer las ingentes tareas de recuperación nacional.

La impunidad y las promesas incumplidas son dos infecciones que atentan contra la estabilidad y la sana convivencia dentro del sistema político del país; mientras que la aplicación efectiva de la ley es la medicina requerida.