La pandemia del coronavirus ha golpeado de manera brutal a Latinoamérica no solo en lo sanitario y económico: también en su tejido institucional que ya antes de la aparición del virus era extremadamente frágil.

A propósito de la publicación del ránking de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), el cual evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción, Brian Winger, vicepresidente de política de la Americas Society /Council of the Americas, advierte que “los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios que nunca en 2021”. Sobre todo, porque el subcontinente ha sido testigo de muchas y diversas anomalías donde funcionarios a cargo de la respuesta sanitaria a la pandemia terminaron involucrados en actos para explotar la crisis para su propio beneficio y enriquecimiento personal. El tráfico de influencias y los sobreprecios en insumos hospitalarios se han constituido en la nota dominante a lo largo de los últimos 18 meses.

Y si de acuerdo al World Economic Forum, antes de la crisis de salud unos 455 mil millones de dólares de los 7.35 billones gastados en salud en todo el mundo se perdían entre los vericuetos del fraude y la corrupción; aún estamos lejos de llegar a una estimación más o menos ajustada de la monumental cifra que, por arte de birlibirloque, se ha disipado de manera creciente durante esta pandemia.

Por nuestros rumbos la película no pinta menos tétrica: en la mesa interinstitucional del Minsa y la Caja de Seguro Social, durante la crisis sanitaria se creó un proceso de licitación rápida que funciona por invitación y que peca de muy escasa transparencia. Las compras se anuncian y se adjudican el mismo día y los participantes sólo deben tener el producto en bodega o la capacidad de entregarlos en unos pocos días. En pocas palabras, una contratación directa que va a contravía de un riguroso proceso de licitación.

Y no solo eso: el Minsa, para evitar las licitaciones, fracciona la adquisición de insumos para saltarse la celebración del acto público correspondiente, lo cual es prohibido tajantemente por la ley de contrataciones públicas que establece muy claramente que, en caso de existir la división de materia, la adjudicación será nula y el funcionario que la propicie será sometido a las sanciones que correspondan.

Según se desprende del mencionado ranking, abusar del poder para beneficio propio atenta contra la confianza y contra la democracia, además de obstaculizar el desarrollo y acentuar la pobreza, la desigualdad y las diferencias sociales. Es hora de conjugar los esfuerzos por controlar la pandemia sanitaria con el firme propósito de poner bajo control, también, a la corrupción.