Las consecuencias y secuelas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, resultan extremadamente difíciles de estimar a cabalidad. Además de las evidentes en el plano económico y laboral, en lo social y político el impacto aún está por manifestarse en el área latinoamericana. Ya hemos visto algunos avances en Centro y Sudamérica, con Colombia debatiéndose como uno de los casos más notorios donde, cada día, emerge con más virulencia el descontento y la desigualdad durante tanto tiempo contenida.
Para nadie resulta desconocido que si queremos superar esta crisis y conjurar las que pueda traer el futuro, la eficacia en la gestión de recursos es el santo grial que se impone en la gobernanza de nuestros países.
Y eficacia es el requisito fundamental que el país exige en cualquier estrategia de desarrollo energético: eficacia y precios competitivos que propicien el desarrollo del país en todos sus sectores. Hasta ahora, los altos precios y una imperdonable incompetencia materializada en los largos y constantes “apagones” en el suministro, han sido las características dominantes; aupadas por una entidad reguladora que ni regula y que compite en ineficiencia con las empresas involucradas en el problema.
Las historias ciudadanas en cuanto al servicio eléctrico resultan impresionantes: facturas que, repentinamente y en las mismas condiciones domésticas, se duplican sin que el usuario reciba una explicación satisfactoria; fluctuaciones de voltaje con el consiguiente daño a los electrodomésticos donde el consumidor no lleva ninguna oportunidad ante el kafkiano proceso de reclamo instaurado para desanimar al afectado y proteger a la empresa; largos y repetitivos períodos sin energía eléctrica en numerosos puntos de la geografía nacional. En fin, un largo rosario de quejas donde brilla por su ausencia la voluntad de resolverlas ni por parte de las empresas responsables ni del ente gubernamental asignado para establecer el orden.
Por todo lo señalado, resultan bienvenidas las medidas y los planes anunciados por el máximo jerarca gubernamental para finalmente disciplinar al sector. Que no se olvide de las expectativas por largo rato acariciadas por la ciudadanía: eficiencia y precios justos para el consumidor final.
