Inicia otra semana en medio de hechos confusos que involucran a otra dependencia del Estado, y es el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia. Una institución creada bajo la administración del Presidente Belisario Porras, mediante la ley 25 de 5 de diciembre 1914, cuyas ganancias serían distribuidas en beneficencia, colegios y hospitales.

Los criticas iniciaron en las redes sociales sobre unas irregularidades en el procedimiento de entrega de chances y billetes antes de cada sorteo, y que después del mismo los billetes y chances que resultaron ganadores eran cambiados por un grupo de funcionarios que conocían del mecanismo en cuestión.

Luego, de ello surge la denuncia de que el Gordito premio extraordinario de la lotería, fue cambiado por una supuesta persona cercada al partido regente de la entidad. El monto es por B/.1,004.000.00.

Debemos recordar que esta entidad que históricamente tiene una función social, ya había sido afectada años atrás, por hechos similares que también fueron asociados a dicho colectivo, tal cual reportaron los medios de comunicación en ese momento.

Hay un grupo de personas que trata de atribuir estos acontecimientos a situaciones políticas, encaminadas a la posible ruptura de la alianza o distanciamiento entre los partidos gobernantes.

Lo cierto es que este tipo de hechos, erosionan la credibilidad de la gestión de gobierno. Pensar que no pasa nada es delicado, pues se habla de los dineros del Estado y de actos que desnaturalizan la actividad de la lotería y de los funcionarios que sean señalados.

El Ministerio Público, la Fiscalía de Cuentas y la Contraloría deben iniciar una investigación detallada de ambos hechos, con el fin de confirmar la veracidad o no de las denuncias de irregularidades en esta institución.

EL tema político es una situación, que puede tener otras connotaciones, pero cuando se habla de los dineros del pueblo panameño, y de anomalías hablamos de delitos.

Todos los casos de alto perfil que se encuentran en este momento pendientes de ser atendidos por el órgano judicial, tienen la letra escarlata “C” de corrupción.

Los ciudadanos del país no pueden ver con indiferencia este tipo de actos, y pretender que es política semejantes señalamientos.

La cosa pública es pública, es decir que pertenece a todos, y quien la administre durante un periodo debe cuidarla como un buen padre de familia y de la misma manera en que cuida y protege sus valores o bienes.

Dichas investigaciones deben realizarse, respetando las garantías constitucionales de los investigados, y ponderando su reubicación temporal o separación del puesto, según lo dispongan las autoridades que lleven adelante dichas investigaciones.

El desarrollo de esas pesquisas, no supone la culpabilidad de nadie. Quien acepte un cargo público, debe ser consciente que está expuesto a esto, pues se trata de bienes del Estado.

El Gobierno del Presidente Cortizo, se enfrenta a un gran reto de credibilidad en su gestión de gobierno, y encontrándose en la línea del ecuador prácticamente de su gestión, no es prudente que su recordación al terminar su gestión sea la letra escarlata.