Las principales asociaciones que velan por los derechos de consumidores y usuarios en el país, mostraron su preocupación ante el fin de la moratoria bancaria pautada para el próximo 30 de junio y la imposibilidad de los clientes bancarios de pagar sus deudas.

Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), asegura que actualmente no hay un proceso equitativo de negociación entre las entidades financieras y los clientes. “Los bancos están imponiendo la forma que quieren cobrar y no son los clientes bancarios los que deciden la forma que pueden pagar”, dijo.

La moratoria, que ha incluido la modificación de los créditos y otras medidas, fue en principio una decisión voluntaria del sistema bancario panameño con vigencia de tres meses que comenzó a aplicarse luego de que muchas personas y empresas vieron cómo sus ingresos se redujeron o desaparecieron en medio de la crisis respiratoria. Este proceso se formalizó luego a través de una ley.

En octubre de 2020, la Superintendencia de Bancos, anunció un acuerdo que extendió el alivio financiero sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas, hasta el 30 de junio de 2021.

Aimeé Sentmat, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, ha reiterado que es necesario que los clientes que se acogieron al alivio financiero contacten a sus bancos antes de que finalice la moratoria.

“Esperamos que al 30 de junio de 2021 los bancos tengan la capacidad de encontrar soluciones permanentes (nuevas reestructuraciones; extensiones y nuevas condiciones de pago), a todos los clientes que todavía están en condiciones de alivio financiero”, dijo.

En tanto, el movimiento de consumidores alega que frente a la ausencia de una regulación y la insolvencia que existe, “los consumidores no tienen ningún nivel de protección que les impida ser aplastados por los bancos; fiduciarias, cooperativas y financieras”.

Hoy por hoy no existe una negociación horizontal o equitativa entre las partes, asegura el presidente del Ipadecu. “Las personas van al banco a escuchar la forma en que el banco quiere cobrarle y al no cumplir con la negociación, la entidad va a optar por la salida más fácil que tiene de resolver los contratos. Las fiduciarias que tienen contratos de préstamos grabados con fideicomiso de garantía, van optar por rescatar los bienes antes de que se desmejoren”, dijo.

Para  Fletcher “si no se regula legalmente un proceso de insolvencia financiera, lo que viene será una hecatombe de proporciones nunca antes vista, porque al no haber capacidad de pago, se reducirá la capacidad de compra y la capacidad de crédito, que es una condición necesaria para la reactivación económica del país”.

Insolvencia financiera

La situación de pago se agrava debido a que muchas personas mantienen todavía sus contratos de trabajo suspendidos y miles están desempleadas.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral al menos 130 mil personas tienen los contratos de trabajo suspendidos, es decir, los ingresos congelados, mientras que 371 mil personas quedaron desempleadas en medio de la crisis generada por el coronavirus en 2020.

Saldos modificados 

Entre abril y mayo hubo un descenso de 7.4% en el saldo de préstamos modificados.

Al 24 de mayo se modificaron 592 mil préstamos que sumaron $18 mil 110 millones, de los cuales $10 mil 139 millones corresponden a la cartera de consumo (o personas) y $7 mil 971 millones a la cartera corporativa, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Si se compara con las cifras reportadas al 26 de abril de este año, los números muestran una disminución de $1,464 millones o 7.4% en el saldo de préstamos modificados.