Se pudiera entender la premisa que se había impuesto el Presidente Cortizo, de tratar de romper la tradición y contra la misma Constitución si se quiere decir, pues la escogencia y selección de los Magistrados de la Corte Suprema corresponde única y exclusivamente al Presidente con el Consejo de Gabinete, conforme lo señala el artículo 200 numeral 2 de la Constitución. En ningún apartado y bajo ninguna ley el Pacto tiene facultad alguna para dicho proceso.

La última ocasión, aun cuando se buscaba dar una mayor participación de interesados para los cargos, El pacto de Justicia por el Estado, violando el propio Decreto, se dio a la tarea de hacer listas cortas y violando la misma Constitución decidia quienes cumplían y quienes no. Cuando la propia carta magna señala cuales son los requisitos para aspirar al cargo, que son ser panameño de nacimiento; mayor de 35 años, graduado en Derecho; con mínimo 10 años de ejercicio de la profesión y encontrarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Recuerdo que en aquella ocasión presentamos una advertencia de ilegalidad y el Ministerio de la Presidencia en abierta violación a la Ley, que los obligaba remitir a la Sala Tercera dicho proceso, olímpicamente lo ignoro y le dio tramite a las sugerencias y recomendaciones del Pacto, dejando por fuera a muchos candidatos con más carácter y decisión que los preseleccionados. Veremos si esta vez, en vez de querer quedar bien con el Ejecutivo, se fijan en lo que aspira el Presidente escoger.

A parte de conocimiento el Presidente pide carácter, pero además dicho pedido debe ir acompañado con la instrucción, que ningún funcionario puede estar llamando o influenciando a esos Magistrados, abusando de su cargo o utilizando el nombre del Presidente, para que fallen de alguna forma o escojan como Presidente de la Corte a fulano de tal. Solo así el mensaje puede llegar y depurar una Corte abiertamente cuestionada.

Nadie que sea elegido será monedita de oro, para caerle bien a todo mundo, y eso importante, porque no es un cargo para agradar a la barra, sino para aplicar la Constitución y la Ley. Que traiga ideas nuevas e innovadoras, por lo menos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que necesita ser descentralizada, para ser mas expedita. No es concebible que esa Sala vea procesos laborales que se tiene que agotar la vía, pero en el Contencioso llegan hasta pleitos de corregiduría de barrios, hoy Jueces de paz.

Sin un presupuesto real, nunca la justicia tendrá una independencia del Ejecutivo real. No se puede estar rogando en la Asamblea por créditos extraordinarios y a la vez llevar proceso penales en contra de sus miembros. Lo mismo se presta para componendas, chantajes o simples acuerdos de recamaras, donde hay archivo mutuo de denuncias. La Justicia no puede depender de otros órganos del Estado para funcionar, crear las instancias necesarias y contratar el personal bien remunerado.

A nivel interno se requiere una legislación para que los Magistrados no duermen en sus despachos Habeas Corpus, Amparos y demandas de Inconstitucional. Solo basta recordar como un Magistrado que desarrollo la teoría de la no imputación, tarda casi 10 años en resolver un recurso relacionado con una mina. Para al final sacar un fallo declarando inconstitucional dicha concesión. No quiero ni imaginar porque la demora.

Lo criticable de esta nueva elección es la premura de la misma, de querer seleccionar Magistrados a ocho meses de vencerse el periodo de los actuales. Pues crea una sensación de inestabilidad y las lealtades quedan comprometidas, tanto para asistentes de despachos y funcionarios, pues no saben a quien se deben. Adicional aquel que sea designado no podrá ejercer su profesión durante el tiempo de espera, específicamente en el órgano Judicial para no comprometer su independencia y transparencia.

Realmente pienso que el Presidente Laurentino Cortizo, podría esperar a Septiembre, que es un mes más consonó para iniciar este proceso, pues ahora viene el receso parlamentario, salvo que vea en su horizonte algún problema con su bancada legislativa. Lo que sí, es que ojalá la designación la haga directo y no someta a distinguidos juristas a un cuestionamiento del Pacto, que muchas veces son solo un excusa para legitimar a candidatos previamente escogidos. Así veo las cosas y así las cuento.

ABOGADO