Según el Secretario General (de la ONU), el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». (Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos).

En pocas palabras el Estado representa la organización política y el Derecho representa a las normas por las cuales se rije el comportamiento de la sociedad, y cada actuación del Estado debe respetar los derechos individuales de cada ciudadano, consagrados en cada constitución y en los tratados internacionales.

Esto a su vez se traduce en una estabilidad o seguridad jurídica, que, según Wikipedia, es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Cada individuio o ciudadano debe tener la garantía, por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán vulnerados y que si esto llegase a suceder por algún motivo o circunstancia, el Estado debe asegurarle la protección y reparación de todos sus derechos vulnerados.

Todo lo anteriormente expuesto lo podemos traducir en beneficios, tal cual lo desarrolla el Presidente de Iberdrola, España (líderes en energía global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo), quien asegura que aquellos países que cuenten con marcos “más estables, predecibles, atractivos y pragmáticos, y garanticen una mayor seguridad jurídica serán los que se beneficiarán de las inversiones masivas y creación de empleo para cientos de miles de personas”.

Panamá, pese a la crisis de la pandemia COVID-19, aún sonríe, puesto que ha sabido venderse como un país atractivo para la inversión extranjera, por su entorno político, económico y social.

El prepresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno afirmó que «Panamá tiene fortaleza y mantiene un sistema financiero con liquidez en el sistema que da la oportunidad de crédito para las inversiones locales, extranjeras e infraestructura pública».

En el 2018, la inversión extranjera directa alcanzó la cifra de $5 mil 297.2 millones. En el 2019, la cifra fue de $4 mil 834.2 millones y Panamá se ubicó entre los nueve países de América Latina y el Caribe que recibieron más inversión extranjera directa

Sin embargo, no debemos tapar el sol con un dedo, hay situaciones diarias que violentan el Estado de Derecho, según El Financiero, México, en Latinoamérica, existen amplios sectores que no respetan el Estado de derecho, lo cual dificulta y encarece la producción, reduce la inversión y el ingreso nacional, así como eleva el costo de los diversos trámites, todo lo cual resulta en sueldos muy bajos en comparación con otros países.

Entre las razones por las que no se respeta el Estado de derecho están:

1. Desconocimiento de las leyes y los reglamentos, así como su frecuente modificación;

2. el que las mismas se consideren injustas o de difícil cumplimiento;

3. en el caso de su incumplimiento no hay certeza de castigo;

4. porque los beneficios de su incumplimiento son mucho mayor que su castigo,

5. corrupción.

La regeneración democrática y el buen gobierno son objetivos fundamentales de una sociedad moderna, transparente y democrática. (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6977097)

La transparencia es una herramienta fundamental en un Estado de Derecho, disponible para combatir la corrupción, puesto que toda entidad pública tiene la obligación de actuar de forma transparente de acorde a la Ley 6 de 22 de enero de 2002 de Acceso a la Información.

La Ley de Transparencia en la Gestión Pública reafirma el principio de publicidad, ingrediente de gran relevancia en la Administración Pública, que debe adquirir más espacio con el desarrollo y profundización del sistema democrático. (Juan Antonio Tejada Espino) ex Defensor del Pueblo de la República de Panamá.

En fin, si queremos seguir siendo vistos como un país que atrae a la inversión, debemos seguir trabajando en el principio de Estado de Derecho, y eliminar las malas prácticas que dan pie a una mala calificación como Estado. Sigamos cultivando la cultura de la transparencia y continuar luchando contra un cáncer llamado corrupción que es la madre de todas las desgracias.