Hay frases que a uno lo persiguen toda la vida. No tanto el haberlas dicho, sino escucharlas de otros. Una de estas expresiones marcó a los de mi generación: “cuál es el problema, si todos los gobiernos roban”. Lo que quedaba de inocencia política, con esta perla no daba para remiendos. Esto no superaba las revelaciones de Roberto Díaz Herrera, pero sí dejaba en evidencia a nuestra clase política. La frase se hizo pública y su rechazo se convirtió en repudio que ardía como la lava, luego se enfrió y volvimos a caminar por donde siempre. Que los gobiernos roben, hoy como siempre no es escándalo. El escándalo es que hoy como siempre no haya justicia.
El orden de un país lo determina su gente no la cantidad de leyes o normas que lo rigen; aunque hay una que es esencial, la carta magna. La constitución viene a ser como las instrucciones del juego. Debemos estar medianamente claros cómo los miembros de una sociedad vamos a vivir. Estas normas luego se instrumentalizan al punto que van siendo cada vez más específicas, en aras de hacer más civilizada la convivencia social.
Las reglas y roles de quienes participan en este juego están delimitados, cada jugador tiene obligaciones y derechos. Pareciera que solo son tres los que desarrollan la trama. En el escenario social los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ejercen el control del juego, y entre ellos una suerte de pesos y contrapesos hacen o deben hacer que este sea, si no divertido, equilibrado y poder ser jugado en paz. El problema es que se nos olvida, el cuarto y más importante jugador: el poder popular.
El Estado vendría a ser la cajeta donde se guarda el juego. Para que funcione, el soberano poder popular escoge a dos de los jugadores: al gobernante y los diputados. Estos cada cinco años inician un nuevo juego. Y empezamos otra vez a tirar los dados. Lo que pasa hoy es que nada ha cambiado, y cuando es así, es hora de revisar las reglas o instrucciones del juego. El poder popular nunca gana, al ejecutivo se le perdonan todas las trampas, al judicial no le interesa nada siempre que pueda seguir jugando, y el legislativo no suelta los dados.
Y en eso estamos. Ya es hora de revisar las reglas. “Todos los gobiernos roban” resume el daño que se le ha estado haciendo al pueblo. Guillermo Endara Galimany, luego de la caída del régimen militar, tuvo en sus manos la oportunidad histórica de cambiar el rumbo de este país. No lo hizo él, ni los subsiguientes gobiernos por la sencilla razón de que para el “sistema” esa no era una opción. Tampoco los partidos de la era democrática demostraron un compromiso, pues no estaban por la tarea de hacer concesiones. Sumergidos en una maraña de inconfesables intereses un nuevo orden social se fue postergando. Solo en campaña se podía oír de vez en cuando la palabra proscrita: constituyente. Luego de pasadas las elecciones el mismo que la dijo, ya no se acordaba.
¿A qué le temen? Todos los gobiernos se lo han planteado, pero no hay voluntad. Hacerlo significa parar el juego. Su organización y las reglas se verían afectadas. Y eso nadie, políticamente, lo quiere asumir. Los mayores beneficiarios de esta apatía han sido los gobiernos y los custodios de la silla. Jamás el pueblo. Decía Endara, que “el día que al pueblo se le diga la verdad, el pueblo no se va a dejar joder”. Es que con la mentira nos han llevado, y por eso, solitos nos jodemos. Tanto, que el mismo pueblo siempre ha escogido su propio veneno. No conozco a nadie que en campaña haya dicho “voten por mí, porque voy a robar”. ¡Atrévanse a decir la verdad!
Hemos dejado pasar mucho tiempo y oportunidades. Parece que ahora es cuando. Alguien tiene que convencer al panameño que en sus manos está el futuro. No es solo cambiar la constitución. Hay que entrar en razón y entender que el Estado como está no funciona. En particular el Órgano Ejecutivo y quien lo representa, el presidente, quien por mandato constitucional tiene casi la gracia divina de un rey. Esto no puede ser.
Cuando se supo lo de “todos los gobiernos roban” quedó gravitando en la atmósfera social un sentimiento de burla. Lo que pasa es que también se sabía que en todas las constituciones que ha tenido este país, ha habido una regla no escrita. Estas han hablado, entre otras cosas, del Estado, de la nacionalidad, de derechos y deberes, de los derechos políticos, de los órganos del Estado, de hacienda y economía, de los servidores públicos, de la fuerza pública, del Canal y hasta de cómo ser reformada, pero lo que todas nuestras constituciones han callado y permitido es la impunidad.
No digo que la solución definitiva sea la constituyente, porque podemos tener una constitución modelo que al final solo sirva como pieza de escaparate. La constitución actual, 1972, con todas sus reformas, fue producto de un hecho contra natura. Un golpe de Estado que vino a irrumpir el orden constitucional fundado en la constitución de 1946. Esta constitución fue producto de una Asamblea Constituyente, en su momento timbre de orgullo para los estudiosos que presumían de ella. Entonces, una constitución modelo como la de 1946 fue desbancada por una militarista, impuesta a la fuerza en la que principios como democracia, justicia y libertad cayeron sometidos.
La constituyente está llamada a refundar esta nación, sobre la base del poder absoluto del pueblo. ¿Qué estamos esperando? Una verdadera revolución, otro golpe de Estado, un iluminado, o una rosa blanca. Van a ser 50 años de la constitución de 1972, es la que más ha durado, solo por eso debemos convencernos de que ya le llegó su hora. Una razón más para la constituyente. Un país no puede ser gobernado por impulsos. La sociedad está expectante, oír la palabra constituyente hoy no se le hace quimérico. La pandemia ha precipitado todo. Tenemos un Estado del siglo XXI, con estructuras del siglo XX, y con políticas del siglo XIX.
No se puede seguir engañando a este país, las cinco reformas a la constitución actual no han representado nada. Los gobiernos cada vez se alejan más del pueblo. La pobreza de este país no se refleja en la desigualdad social, sino en la falta de futuro. Esa es la mayor injusticia. El pueblo, como decía Endara, espera que le digan la verdad. Que un gobierno PRD haga lo que no hizo Endara, convocar una constituyente para abolir la constitución impuesta de 1972, le daría paso a un Estado moderno y democrático. Y sin duda, con ello, este partido lograría la absolución histórica que tanto anhela.
