Una “Constitución” es una forma de pacto político y social que define las reglas de convivencia; es el clásico “contrato social” del cual tanto se habla y que establece, organiza e integra las normas que rigen a un país. Su principal función es asegurar el orden dentro de la vida comunitaria, garantizando a la vez las libertades individuales y colectivas.

La “Constitución” o Carta Magna, entonces, es la estructura fundamental sobre la que se construye la institucionalidad que rige la vida de cualquier país.

Y en una vida republicana próxima a cumplir los 200 años, es comprensible que tome fuerza el reclamo tantas veces pospuesto de establecer un nuevo conjunto de normas que nos permita superar los escollos y vicios de una desfasada constitución política fraguada al calor de una dictadura militarista.

Pero, en medio de los devastadores efectos de una pandemia, ¿es éste el momento oportuno para afrontar tan monumental tarea? El asunto no es cualquier cosa y requiere de la mayor dosis de concentración y serenidad para lograr el mejor conjunto de leyes fundamentales si lo que queremos es enderezar el rumbo de la nación.

¿Tenemos una imagen detallada del país que deseamos construir en los próximos veinticinco años siquiera? Porque sin esa idea minuciosa instaurada en el imaginario popular, embarcarse en la tarea de tan gigantesco cambio resulta tan imprudente como pretender construir una casa careciendo de los planos de la misma: sería únicamente un pegoteo de bloques y cemento del que resultaría un lamentable adefesio.

Ante la evidente decadencia de distintos aspectos de la vida nacional -el político, entre los más notorios- resulta urgente una nueva Ley Suprema, sin duda alguna. Pero, en momentos en que los estragos causados por la crisis del coronavirus pesan sobre el país; en momentos en que la demagogia y el enanismo político ahogan a la nación; en momentos, en fin, en que ni siquiera somos capaces de superar las diferencias y los problemas de forma para iniciar el diálogo para salvar a la Caja de Seguro Social, ¿estamos en las mejores condiciones para afrontar el reto de cambiar nuestra carta Magna?