Adolfo Linares, ex presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, nos habla de las consecuencias que está generando la cuarentena y de una peor crisis económica si no se toman decisiones fuertes ahora.

¿Qué opina sobre la cuarentena?

Yo soy de la opinión que se debe hablar es de las razones por las cuales nos tienen encerrados. Como abogado y conociendo las leyes y la Constitución de este país.
No hay ninguna ley que autorice al Ministerio de Salud (Minsa), no tiene la facultad constitucional para encerrarnos. Todos los panameños tenemos casa por cárcel.
Los funcionarios públicos solo están autorizados a hacer lo que la ley y la Constitución le permitan.
El Minsa se ha tomado un poder que no le corresponde al decretar este encierro desde marzo. Tampoco hay una ley sobre el toque de queda, no hay ley que defina toque de queda.
Por lo tanto a mi criterio y con todo el respeto. Todas los decretos y el encierro en que nos tienen son inconstitucionales.

¿Pero quién más tiene responsabilidad en esto?

De por sí ya es un problema que un ministro nos haya encerrado sin estar autorizado por la Constitución. Por encima de lo que hay decretado por el Minsa con todo este asunto del encierro, la Corte Suprema de Justicia tiene responsabilidad en todo esto. La Corte que ha sabiendas que es una violación lo que ha cometido el ministro con nuestra Constitución y de nuestras garantías de los ciudadanos, no ha querido fallar en el fondo, en los más de 17 amparos de garantías constitucionales que le han presentado diferentes grupos de personas en defensas de sus derechos y sus libertades y La Corte a mi criterio, a sabiendas que no hay forma jurídica y racional no ha declarado incostitucional.

¿Por qué lo dice?

Pues porque en este tema de las garantías constitucionales del derecho a salir, libre circulación y a trabajar, están protegidas por la Constitución, que el artículo 55 establece claramente que solamente hay una forma de suspender, no todos, sino ciertos derechos constitucionales y de manera temporal. Primero no un ministro sino el Consejo de Gabinete, bajo la responsabilidad del presidente y todos los ministros, una responsabilidad colegiada, así lo dice la Constitución. Entonces esa suspención solo puenden suspenderse por dos razones claras, la primera que estemos en guerra con otro país y la segunda que se presenten disturbios en todo el país que puedan poner en peligro la estabilidad democrática y la seguridad jurídica de todos. Y la pandemia no es ni lo uno ni lo otro.
Todas las autoridades tienen que actuar de acuerdo a la ley.

¿Considera usted que es injusta esta cuarentena?

Hemos pasado encerrados casi 11 meses, ya el sector privado está al borde del colapso y esto es injusto. La frustración del sector privado es evidente porque estamos cerrados. Este encierro no tiene sustento constitucional y te repito la responsabilidad de esto la tiene la Corte porque en el apuro el gobierno o la Asamblea pueden equivocarse y entonces la Corte está para corregir pero no lo ha hecho.

¿Y la reapertura?

Tenemos que abrir y tenemos que abrir ya. A estas alturas ya el pueblo panameño tiene un doctorado en lo que respecta a hacer o no para evitar el contagio. El Estado debe enteder que los ciudadanos no somos niños de Kinder.
Tenemos que ver como nos cuidamos. Como es posible que desde una oficina en el Minsa un funcionario decida por todos. Tenemos que abir para evitar un colapso mayor.

¿Por qué considera que el gobierno sigue la cuarentena?

Es mi criterio personal. Yo creo que el tema de la cuarentena, la ley seca y la salida por género que no tiene ningún sentido. Creo que tiene que ver con los estamentos de seguridad porque así les es más fácil hacer su trabajo, eso no está bien.

¿Qué debemos aprender de la pandemia?

Una de las grandes lecciones que debemos aprender de esta pandemia si queremos seguir sobreviviendo, es respetar la seguridad jurídica, respetar la ley, la Constitución y las garantías constitucionales.
En Panamá para poder generar riquezas se debe liberar la economía eliminando tantos trámites y burocracias, regular la banca y las finanzas y reducir drásticamente el gasto público. Un costo de planilla de 6,000 millones de dólares es insostenible y eliminar también subsidios que alcanzan los 1,700 millones de dólares que es más de lo que generan las ganancias del Canal de Panamá, igual debe haber responsabilidas con el crédito que se solicita. Hay que actuar, ya los diálogos no son efectivos porque cada uno busca para su lado. Hay que tomar decisiones duras porque de lo contrario la pandemia económica va a ser 10 veces más castrófica que la de la COVID19.