Dentro del entramado social el signo que distingue a una persona adulta es que asume las responsabilidades que acarrean su accionar. Cada uno de los actos que lleva a cabo, provoca una serie de reacciones y consecuencias de las cuales es moral y, cuando las circunstancias lo ameritan, legalmente responsable. Cuando quien ejerce las acciones es un menor de edad, la responsabilidad recae sobre los padres o tutores legales del joven en cuestión.

Es un planteamiento simple que mantiene el orden dentro de la vida comunitaria: cada cual tiene que responder por las consecuencias de cada uno de sus actos.

Así es, por ejemplo, en el área laboral: un individuo es contratado para llevar a cabo un grupo de tareas dentro de una empresa a cambio de un salario estipulado previamente. Al cabo de un período de tiempo razonable y como producto de su actividad, el sujeto en cuestión debe presentar resultados que avalen su competencia en el cargo, de lo contrario es despedido. Su permanencia en la empresa depende de su capacidad para obtener resultados verificables.

En la gran empresa que es el Estado- y de la cual es propietario cada ciudadano del país- parece no aplicar el criterio establecido para el resto de la sociedad.

Los funcionarios que llegan al cargo por elección, disfrutan de una especie de “contrato” incondicional durante los siguientes cinco años. Su permanencia en el puesto no está supeditada a que obtenga o no resultados palpables a lo largo de su gestión. Son muchísimos más de los que quisiera la ciudadanía, los que amparados en esta “seguridad quinquenal”, permanecen durante el período únicamente “calentando silla” como apunta el lenguaje popular: sin presentar resultados y sin asumir consecuencias.

Son numerosas las historias nacionales de obras inconclusas por desidia o “caprichos”, de actuaciones con resultados nefastos para la nación, de gestiones desastrosas cuyas consecuencias atentan, incluso, contra las arcas estatales. Todas alimentadas por la ausencia de un mecanismo que califique la gestión de estos funcionarios y que, en caso de no presentar los resultados esperados por la ciudadanía, sea ésta, en consulta popular, la que les cancele la permanencia en el puesto.

Fuera del barco estatal, cualquier trabajador que al poco tiempo de ser contratado no presente los resultados esperados de su labor, lo único que puede esperar es que se le revoque el contrato. Lo mismo debe aplicar para los personajes que accedan a puestos de elección… ¡Despedido!