Ante el avance del virus, los madrileños se preparaban este viernes para someterse a fuertes restricciones de movilidad, aunque las limitaciones se anuncian difíciles de aplicar en una hormigueante conurbación de más de 4,5 millones de personas.

En aplicación de una orden del ministerio de Sanidad, la región de Madrid confirmó que desde las 22H00 (20H00 GMT) de este viernes se aplicará un confinamiento perimetral a la capital y nueve localidades vecinas, particularmente golpeadas, inicialmente por catorce días.

«Vamos a acatar y aplicar la norma que nos impone el gobierno», dijo el ministro regional de Justicia, Enrique López, quien criticó las medidas del ejecutivo central aseverando que «van a generar un gran caos», el cual se intentará «paliar».

La medida afecta a la ciudad de Madrid y otras nueve localidades cercanas convertidas en el epicentro de la epidemia en España.

Las restricciones significan que los vecinos sólo podrán salir de su municipio en determinados casos, como ir a trabajar o estudiar, ir al médico y atender a personas dependientes.

En cualquier caso podrán moverse libremente dentro de sus municipios, y no se verán confinados en sus casas, como ocurrió en primavera en toda España. Tampoco se prevén restricciones de vuelos internacionales desde Madrid.

Las medidas se aplicarán al término de un enfrentamiento político de alto voltaje entre el gobierno central de izquierdas, partidario de endurecer las medidas ante la alta incidencia de la enfermedad en Madrid, y el ejecutivo regional, de signo conservador y muy reticente entre otras cosas por el perjuicio económico esperado.

«Gracias por el caos, Pedro Sánchez», tuiteó la jefa del ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, mientras que el presidente del gobierno español resaltó desde Bruselas el «momento de extraordinaria gravedad» de Madrid.

Pese al visto bueno del gobierno madrileño, la aplicación se enfrenta a una serie de obstáculos de carácter judicial y operativo.

Sin multas los primeros días

Alegando una «invasión de competencias» y una «limitación de derechos fundamentales» que debe afrontarse con «especial mesura», la región de Madrid presentó este viernes ante la Audiencia Nacional, un alto tribunal, un recurso donde pide suspender las restricciones ordenadas por el gobierno.

La presentación del recurso no paraliza la aplicación de las limitaciones de movimientos, ya que la Comunidad de Madrid no pidió medidas cautelarísimas.

En el escrito presentado, el ejecutivo regional alega que las limitaciones carecen de validez jurídica, ya que no fueron aprobadas de manera unánime en una reunión celebrada el miércoles entre el gobierno central y las 17 regiones del país, competentes en materia de gestión sanitaria.

El segundo bemol es que, una vez entren en vigor las limitaciones de entrada y salida en los 10 municipios concernidos, no habrá multas hasta que un tribunal de ámbito regional valide esta limitación de derechos constitucionales.

Eso significa que hasta que se pronuncie ese tribunal, la policía no podrá poner multas, sino simplemente informar y advertir a los ciudadanos.

Controlar los movimientos, tarea titánica

Con tantas excepciones a la norma, entre ellas la posibilidad de desplazarse para trabajar, el desafío de mayor calibre está en cómo controlar un área urbana tan extensa, con gran densidad de población y un nutrido tejido industrial, en donde se producen a diario 2 millones de desplazamientos.

Tal como están diseñadas las normas hasta el momento, una persona podrá por ejemplo recorrer 15 km en tren suburbano para trabajar en el centro de Madrid, y luego ir de compras o tomar una cerveza con sus amigos en cualquier barrio del municipio capitalino, donde viven 3,2 millones de personas.

«Son tantos los agujeros, que hacer un control de los ciudadanos y de los motivos por los que se están desplazando va ser muy difícil», avisó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.