Internet es actualmente la columna vertebral de la comunicación. A través de ella podemos conversar con personas ubicadas a cientos de miles de kilómetros, enviar y recibir mensajes, ver videos, escuchar música, hacer nuevas amistades, ganar dinero, estudiar, mantenernos informados de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo, aprender sobre cualquier tema, trabajar, y muchísimas cosas más
Alimentada por la libertad y la disponibilidad, se expande ilimitadamente impulsada por iniciativas individuales, colectivas, empresariales, políticas, religiosas, culturales y científicas, entre muchas otras.
Nos desenvolvemos en un mundo cuyo motor son las tecnologías de la información (TIC), y como parte fundamental de esas tecnologías internet ha propiciado cambios extraordinarios empujando el paso de la era industrial a la era de las redes. Una nueva era donde las posibilidades de comunicación se multiplican casi hasta el infinito, dando paso a un proceso de desarrollo nunca antes visto: ninguna actividad del quehacer humano queda al margen.
Por ello, reconociendo la importancia y el papel que juega la llamada red de redes dentro de este panorama evolutivo, el 1 de junio de 2011 fue adoptada la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet que consagra que “Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.
En nuestro país resulta escandalosa la mala calidad en la prestación de tan importante servicio. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), institución encargada por ley de fiscalizar este rubro, permanece indiferente ante las continuas interrupciones del mismo. Y las crecientes quejas por el incumplimiento de las condiciones y velocidades prometidas en los contratos caen en saco roto.
No sólo se trata ya de incumplimiento en la prestación de un servicio. La indiferencia, tanto de empresas como de la institución designada para velar por los usuarios, atenta contra lo que distintos organismos mundiales han designado como un derecho humano fundamental, que a su vez sostiene a otros como el derecho a la libertad de expresión y el derecho al trabajo, por consignar solo un par.
La apertura a otras empresas establecería una sana competencia, solución definitiva en estos imperdonables casos de ineficiencia empresarial.
