El largo confinamiento y el desmejoramiento de su situación económica a raíz de la pandemia por el Covid-19, ha acentuado algunos padecimientos en los seres humanos, tales como el estrés, la ansiedad, y las conductas suicidas. En Panamá, en lo que va de este año, las autoridades del Ministerio Público contabilizan 83 casos de suicidios, lo que preocupa a las autoridades.

Y es que las proyecciones sobre el panorama económico post pandemia no es nada halagador, porque según expertos se estima que la crisis por el coronavirus va a provocar un desempleo en el país de entre el 20 y 25%. Cuando se inició la  pandemia el desempleo en Panamá se situaba en un 7%.

De acuerdo con la psicóloga Mayté Domíguez, el confinamiento por la pandemia del COVID, ha ocasionado afectaciones tanto a nivel físico como de salud mental en el país. Por lo que la pregunta que surge es:  ¿Está preparado el sistema de salud para atender este tipo de conductas?

Y es que el suicidio en el país se ha tratado como un tema tabú, sin embargo a raíz de la pandemia y de los padecimiento de enfermedades mentales que conllevó, en la Asamblea Nacional se presentó una propuesta que crea el Sistema Nacional de Información y Vigilancia Epidemiológica para identificar y ayudar a este tipo de pacientes.

Este sistema está incluido dentro de las normas que recoge el proyecto de Ley No 253, aprobado en tercer debate, que establece el marco jurídico del abordaje integral de las conductas suicidas, y que ahora está en manos del Órgano ejecutivo convertir en Ley de la República.

Aprobado de forma unánime

Durante el debate de este proyecto, el diputado Víctor Manuel Castillo, destacó que más de 800 mil suicidios ocurren en el mundo al año, a lo que no escapa Panamá, en donde se registran aproximadamente 120 casos por año, siendo las provincias más afectadas por este flagelo Panamá y Chiriquí. En lo que va de este 2020, Castillo dijo que en el país se contabilizan uno 83 suicidios.

“Quiero pedirle el voto de confianza para este proyecto de ley que va a redundar en la prevención de estas patologías en los panameños y de todas las demás personas de una manera integral», precisó Castillo.

El diputado destacó a las enfermedades de diabetes, hipertensión, dengue, obesidad, y del covid hay que sumarle la atención de la salud mental de los ciudadanos afectada por la crisis sanitaria y económica.

Para la diputada Zulay Rodríguez es necesario y oportuno en este momento que atravesamos por esta pandemia, porque después de que acabe la moratoria en el pago de servicios públicos y compromisos bancarios -en diciembre de este 2020-, muchas personas no van a estar en condiciones económica para responder a esos compromisos, lo que va a generarles una gran presión.

“Estamos hablando de un millón de personas a la que se le ha trastocado su economía [por efectos de la pandemia] y este proyecto es necesario”, precisó la diputada Rodríguez.

Ante este escenario, señaló que las personas pueden caer en depresión por razón de su situación económica, y actualmente en el país no hay una institución a la que puedan acudir para recibir atención integral y especializada.

“Por eso este proyecto del abordaje de las conductas suicidas, es necesario, porque el Minsa tiene que garantizar los recursos, la cooperación y la asistencia para ayudar a estas personas que se encuentran en riesgo de suicidio”, agregó.

Hablan los expertos

De acuerdo con la psicóloga Mayté Domíguez, el confinamiento ha ocasionado lastimosamente que las personas se sientan aislados de otras personas, se sienten desesperados, ansiosas y esto ocasiona que no analicen bien las situaciones y no tomen buenas decisiones.

Precisó que el estrés por el confinamiento puede provocar en las personas diversas reacciones, entre ellas: temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos (niveles altos de ansiedad), cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse (esto ocasiona bajo rendimiento de productividad en la escuela o en el trabajo),  agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamiento de problemas de salud mental (depresión, ansiedad), en algunos casos, mayor consumo de tabaco, alcohol o drogas.

Y a toda esa situación, añadió, hay que sumar las pérdidas de ingresos, de plazas de empleo y hasta a familiares por efecto de la enfermedad.

Detalles del Proyecto 253

 En cuanto a asistencia sanitaria integral, el proyecto de ley establece que “toda persona en situación de riesgo de conductas suicidas tiene derecho a la atención integral y universal, pública o privada, en el marco de las políticas nacionales de salud y la legislación vigente”.

Además advierte que “no se negará la atención, ni se discriminará a ninguna persona que solicite la atención sanitaria integral por condición física, socio económica, por orientación sexual, identidad de género, edad, origen, nacionalidad, grupo étnico, cultura, creencias o cualquier otro motivo”.

Y que los hospitales, clínicas y demás establecimientos privados que ofrezcan atención de urgencia “están en la obligación de prestar asistencia médica a las personas que presenten conductas suicidas hasta tanto la condición del paciente quede estabilizada”. Posteriormente, en caso de que el usuario no cuente con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos a nivel privado, el establecimiento tramitará su traslado a alguna institución estatal de salud que pueda brindar el servicio.

La norma establece la protección de la identidad de la persona que requiera los servicios por alguna forma de riesgo suicida, la información recabada por cualquier entidad ya sea pública o privada, será de carácter “estrictamente confidencial”.

El proyecto No 253, establece la protección los derechos de todas las personas que incurran en conductas de riesgo suicida y de sus familiares; y el abordaje integral de forma coordinada, interdisciplinaria e intersectorial de esta problemática.  También mandata el desarrollo de acciones y estrategias para la sensibilización de la población en general.

Para ello, se crea la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas Suicidas, que estará integrada por diversas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Salud, que la presidirá, y grupos organizados, igualmente incluye a representantes de la Asociación Nacional de Enfermería, de la Sociedad Panameña de Psiquiatría y de la Asociación Panameña de Psicólogos, formen parte de la referida comisión.