La Defensoría del Pueblo es la entidad insignia que debe velar por la defensa de los Derechos Humanos de los Asociados, cuyo fundamento legal esta contemplado en la Constitución Política de Panamá en los artículos 129 y 130 y en la ley N° 7 de 1997.

Son muchas las críticas que ha enfrentado la entidad por no existir una independencia total en la selección y actuación del Ombudsman. La primera figura que tomó las riendas de esta institución fue el Dr. Italo Antinori Bolaños, quien le tocó asumir el reto y construir de la nada una dependencia defensora de los derechos humanos hace algo más de dos décadas.

Son muchos los profesionales del Derecho que han trabajado, brindándoles a los habitantes de la República de Panamá, la posibilidad de socorrerlos frente a la violación de derechos universales y garantía que pudieran constituirse en afectaciones a cada individuo.

Reducciones Presupuestarias, pocas extensiones existentes o sedes regionales, falta de personal idónea, ausencia de un poder coercitivo que pudiera evitar la fracturación de derechos individuales, representan una muestra de problemas cotidianos, esto sin olvidar la imperiosa necesidad de educar a la sociedad desde la escuela permitiendo construir y edificar una cultura de Derechos Humanos, desde lo más básico.

Las formas abruptas en que se han interrumpido los periodos de varios Defensores del Pueblo, para amañar nombramientos de amigos y personas cercanas al poder, han degenerado la esencia de esta dependencia pública, restándole importancia, prestigio y autoridad a la figura del Ombudsman.

El virus de la Política se propagó en todas las dependencias oficiales, limitando que los derechos individuales de los asociados sean respetados, ya que queda en manos de los políticos reconocer los derechos y garantías fundamentales cuando y donde ellos quieran, y no de la forma en que lo consagra nuestra Carta Magna.

Sentimos que la única solución a este tema es que el propio Pueblo Panameño, juegue su rol en el sentido de elegir a quien quiere que lo defienda y que sea el guarda y custodio de los Derechos Humanos alejado de la Política.

Es perfectamente viable, incluir en las elecciones generales una papeleta para elegir al Defensor del Pueblo que sea 100% independiente, y que solamente responda a su conciencia, y al pueblo que lo eligió.

Razón por la cual, sería necesario delimitar constitucionalmente el camino a seguir, estableciendo el mecanismo constitucional para su selección, agregándole facultades sancionatorias que vayan más allá de las sanciones morales que a nadie importa, y que goce de un presupuesto apropiado para poder de manera rápida desarrollar un trabajo que sea acorde a las necesidades sociales que exige Panamá.

La Defensoría del Pueblo, dejó de ser del Pueblo para ser de los políticos convirtiéndose en una agencia de empleo para las personas cercanas al gobierno de turno, pasando la defensa de los derechos humanos formar parte del último vagón del tren de nuestra sociedad.

Es por ello, que se hace necesario sacar de las garras de la política a una entidad eminentemente social, y retomar el camino que tenemos de ella. El vehículo para ello, es y será una Constituyente que no condicione su existencia a la voluntad de un grupo minúsculo -Político- en detrimento de la mayoría que representan los habitantes y residentes de toda una nación.