Ernesto Pérez Balladeres quien fue presidente de la República entre 1994 y 1999 con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) «secuestró las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), como parte de una demanda civil que presentó hace ocho años, por presuntos daños y perjuicios», informó el diario.
«La acción judicial es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos ya que reprime la continuidad operativa de la empresa», publicó La Prensa en un comunicado
«Con ella se congelan los fondos utilizados para cumplir con nuestras obligaciones contractuales y realizar el pago de bienes y servicios, y sobretodo, los salarios de los 240 asociados a la corporación», dice también el comunicado.
Igual concepto tiene la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) quien manifestó que: Más allá de las razones que fundamenten el secuestro de las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A. (CORPRENSA), como parte de una demanda civil por presuntos daños y perjuicios, casi ocho años después de presentada la demanda, es de suma preocupación para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) por el peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión.
La acción contra Corprensa es un atentado contra la libertad de expresión y evidencia las debilidades del Sistema de Administración de Justicia, resaltó la CCIAP
El expresidente Pérez Balladares también emitió un comunicado en donde señala, entre otras cosas, que «La ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodista a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país. Los abogados demandantes solicitaron la acción amparándose en lo dispuesto en el artículo 533 y siguientes del Código Judicial, con la finalidad de evitar que el proceso civil en contra de la Corporación La Prensa sea ilusorio en sus efectos. Es decir, la orden de secuestro corresponde a la evolución natural del caso N° 20896, en el que ambas partes han ejercido las acciones legales que contempla la Constitución de la República de Panamá y las leyes complementarias que salvaguardan los derechos de todos los ciudadanos»
El secuestro, por una concurrencia de hasta 1.13 millones de dólares fue decretado formalmente el pasado 22 de junio, por la juez Decimoquinta Civil, Lina E. Castro De León.
