De acuerdo con el funcionario, la Contraloría General de la República avanza en las auditorías en Panamá Ports Company (PPC), miembro del grupo Hutchinson Ports, una filial del conglomerado multinacional CK Hutchinson Holdings Limited, y se está a la espera de información por parte de la empresa para finalizarla
Como “malos panameños” denominó el contralor general de la República, Anel Flores, a quienes en 1997 negociaron un contrato de concesión portuaria que solo dejaba, en un inicio, $22 millones al Estado y el 10% del ingreso bruto del puerto.
“Eso en detrimento general, es un perjuicio a la nación de más de $1,000 millones que dejaron malos panameños a favor de concesionarios”, manifestó Flores en entrevista con TVN.
De acuerdo con el funcionario, la Contraloría General de la República avanza en las auditorías en Panamá Ports Company (PPC), una filial del conglomerado multinacional CK Hutchinson Holdings Limited, y se está a la espera de información por parte de la empresa para finalizarla.
“Los puertos son panameños, y seguirán siendo panameños”, afirmó Flores sobre la polémica con la concesión portuaria a la empresa Hutchinson Ports PPC y la supuesta compra de acciones de la empresa norteamericana Black Rock en medio de las tensiones con los Estados Unidos, por la intención del presidente Donald Trump sobre recuperar el canal de Panamá.
De acuerdo con Flores, la información sobre esta transacción se ha solicitado porque también se enteraron sobre esta compra de acciones en los medios de comunicación.
Sin embargo, aclaró que la Ley 46 de Puertos habla de que cuando se da cualquier modificación o traspaso de una concesión, debe pasar por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y ser refrendada por la Contraloría.
Subrayó que “Panamá va a ejercer su derecho sobre sus bienes”.
Flores reconoció que al iniciar las auditorías a empresas mixtas, existen compañías que no “han sido el mejor socio para el Estado”. Por ejemplo, mencionó el caso de una empresa mixta que debía $90 millones, pero al día de hoy la deuda ronda los $700 millones, de los cuales la mitad los adeuda al Estado y por eso se analizan las acciones legales que puede tomar la Contraloría contra este tipo de contratos de concesiones, en donde ya se han constatado incumplimientos.
Son malos panameños quienes firmaron el contrato; pero igual de malos o peores son los contralores que han habido desde aquella fecha y que nunca auditaron las concesiones.