La anulación del juicio se fundamenta en la existencia de “vicios insalvables”
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Perú anuló el juicio oral contra Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, por la presunta financiación irregular de sus campañas electores entre el 2011 y 2016, en el caso conocido como “Cócteles”.
La decisión se tomó el 13 de enero de 2025 y se basa en la aplicación de una sentencia anterior del Tribunal Constitucional (TC) que había beneficiado a otro acusado, José Chlimper.
Detalles de la decisión
La anulación del juicio se fundamenta en la existencia de “vicios insalvables” en el proceso judicial, que habrían vulnerado el derecho a la defensa de los acusados. Los jueces argumentaron que el juicio no podía continuar debido a una imputación deficiente, lo que pone en riesgo el principio de congruencia procesal.
#LoÚltimo| Corte de Perú anula juicio contra Keiko Fujimori y todos los implicados por lavado de activos y organización criminal. pic.twitter.com/9uRbSQiZXh
— Destino Panamá (@Destinopanam) January 13, 2025
La magistrada Mercedes Caballero y otros jueces del tribunal señalaron que desarrollar un juicio con acusaciones poco claras podría llevar a arbitrariedades y a un estado de indefensión para los acusados.
on esta resolución, el caso regresa a la etapa intermedia, donde se deberá realizar un nuevo control de acusación. Esto implica que el Equipo Especial Lava Jato tendrá que presentar una nueva acusación contra Fujimori y otros implicados.
Aunque la anulación del juicio no implica una declaración de inocencia, sí representa un retroceso significativo en uno de los procesos judiciales más emblemáticos relacionados con el escándalo Odebrecht y las presuntas irregularidades en las campañas electorales de 2011 y 2016.
La Fiscalía había solicitado penas severas para Fujimori, incluyendo hasta 30 años y 10 meses de prisión por delitos como organización criminal y lavado de activos.
La decisión ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y judicial, dado que muchos consideran que este tipo de resoluciones pueden afectar la percepción pública sobre la justicia en casos de corrupción y financiamiento irregular.
