La política de “Tolerancia Cero” implementada por la administración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representó un punto de inflexión en la historia reciente de los derechos humanos en América del Norte. Diseñada para desalentar la migración irregular, esta estrategia derivó en la separación forzada de miles de niños de sus padres en la frontera con México.
Orígenes y desarrollo de la política
En 2017, la administración Trump puso en marcha un programa piloto en El Paso, Texas, que sirvió como precursor de la política de “Tolerancia Cero”, oficializada en 2018. Esta política criminalizó el ingreso irregular de adultos y utilizó estos cargos como pretexto para separar a las familias migrantes. Aunque las acusaciones penales eran de baja gravedad, la administración las empleó como justificación para declarar a los niños como «no acompañados» y transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
Según documentos gubernamentales y testimonios recopilados por Human Rights Watch, esta estrategia no buscaba exclusivamente obtener condenas penales, sino que actuó deliberadamente para desarticular unidades familiares sin garantizar su reunión posterior.
Impactos humanos
Las secuelas de esta política fueron devastadoras. Miles de niños experimentaron ansiedad, pesadillas, retrocesos en su desarrollo y dificultades para formar vínculos afectivos. Algunos menores dejaron de hablar por completo. Testimonios de padres separados describen angustia y desolación, agravadas por la falta de información sobre el paradero de sus hijos.
Médicos que actuaron como peritos calificaron esta práctica como “un acto de abuso infantil avalado por el Estado”. Por su parte, funcionarios de la Patrulla Fronteriza confesaron que implementar estas separaciones fue «lo más espantoso» que habían hecho.
Reacciones y consecuencias
La política desató indignación mundial. Líderes como el papa Francisco y la ex primera ministra británica Theresa May condenaron la práctica, mientras que figuras estadounidenses, como la ex primera dama Laura Bush, la calificaron de “cruel” y “amoral”. El rechazo también se manifestó en el ámbito interno, con la renuncia de cuatro miembros del Consejo Consultivo de Seguridad Nacional de EE. UU.
A pesar del decreto ejecutivo de 2018 que supuestamente ponía fin a la política, las separaciones continuaron. Entre junio de 2018 y mayo de 2019, más de 700 niños fueron separados de sus familias por motivos menores, según informes de organizaciones como la ACLU.
Falta de rendición de cuentas
En 2024, aproximadamente 1,360 niños aún permanecen separados de sus padres. Aunque el Grupo de Trabajo sobre Reunificación Familiar, establecido por la administración de Joe Biden, ha logrado avances, todavía no ha emitido recomendaciones completas para prevenir la repetición de estas prácticas.
El Congreso de EE. UU. y el Departamento de Justicia enfrentan demandas de mayor acción. Las investigaciones actuales sugieren que las separaciones podrían constituir tortura o desaparición forzada, ambas violaciones graves del derecho internacional.
La separación forzada de familias migrantes ha dejado cicatrices profundas en miles de personas. Reparar estos daños requiere medidas integrales, como la concesión de residencia permanente, acceso continuo a servicios psicológicos y legales, y una disculpa pública por parte del gobierno estadounidense.
Para evitar futuros abusos, es imperativo que el Congreso promulgue leyes que protejan la unidad familiar en la frontera y que las agencias federales adopten normas claras para garantizar el bienestar de los menores. Asimismo, los responsables de diseñar e implementar esta política deben rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.
El caso de “Tolerancia Cero” no solo es un recordatorio de los riesgos de deshumanizar a los migrantes, sino también una llamada urgente a la acción para proteger los derechos fundamentales de las familias y los niños en todo el mundo.
