En Panamá, la minería ilegal se ha convertido en una grave amenaza para la paz social, el medio ambiente y la salud pública. Esta actividad desregulada, solo por el simple hecho de no tener controles que se puedan seguir y medir, genera problemas críticos, principalmente por cómo lo hacen: la manera en que quitan las capas de tierras superficiales, generando contaminación de fuentes de agua, deforestación indiscriminada y riesgos significativos para los ecosistemas y las comunidades locales que dependen de estos recursos para su sustento.
La falta de controles adecuados y el uso irresponsable de maquinarias rudimentarias, como bombas de agua, en la minería ilegal provoca la liberación de sustancias tóxicas en los cuerpos de agua, comprometiendo gravemente la calidad del agua potable y perjudicando los ecosistemas acuáticos. Además, la destrucción de hábitats naturales resulta en daños ambientales severos, cuyas consecuencias a largo plazo pueden afectar a futuras generaciones. Y de aquí, la pregunta del millón: ¿realmente necesitamos esperar a que ocurra un desastre ambiental para tomar medidas serias contra la minería ilegal?
En el Acta del Consejo de Gabinete del 16 de julio de 2024, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, advirtió sobre los riesgos asociados con la paralización abrupta de la mina en Panamá. Entre estos se encuentran la contaminación por materiales expuestos, como el amonio, que puede ser explosivo, y el aumento de la minería ilegal. El Servicio Nacional de Fronteras informó que, en julio de 2023, se denunciaron 60 casos de explotación ilegal en el área de Donoso, cifra que subió a más de 250 en marzo de 2024. Este incremento ha facilitado la actividad de grupos delincuenciales que utilizan métodos inapropiados y productos químicos peligrosos, como el cianuro, para extraer oro en los ríos y quebradas.
Un ejemplo claro de cómo la falta de regulación puede llevar a una destrucción ambiental masiva es el caso de Crucitas, en Costa Rica. En esta región, la minería ilegal ha causado daños severos al medio ambiente. A pesar de la prohibición de actividades mineras en la zona, emitida por la Corte Suprema en 2010, la minería ilegal continuó, resultando en una deforestación extensiva, la contaminación de cuerpos de agua y una significativa pérdida de biodiversidad. Frente a esta crisis, el gobierno de Costa Rica ha cambiado su postura, pasando de una moratoria minera a anunciar el desarrollo responsable de los yacimientos, en lo que han denominado como una “explotación segura” de los recursos disponibles. Esta medida busca mitigar los impactos negativos de la minería ilegal y promover un manejo más controlado y sostenible de los recursos naturales en la región.
Para enfrentar estos desafíos, es esencial que solo las empresas especializadas y reguladas se encarguen de la extracción de minerales. Empresas como Minera Panamá S.A., bajo la experiencia de First Quantum Minerals, ejemplifican cómo una gestión profesional puede marcar la diferencia. En el caso de Cobre Panamá, por sus condiciones naturales, la empresa ha adoptado estrictas normativas ambientales en el manejo de relaves, garantizando una administración segura y eficaz que minimiza los riesgos tanto para el medio ambiente como para las comunidades cercanas. Su compromiso incluye un monitoreo constante de la calidad del agua y una capacidad de respuesta rápida ante cualquier contingencia, asegurando así la protección social y del entorno natural.
La cooperación entre el gobierno panameño, las comunidades y las empresas responsables es vital para abordar la minería ilegal de manera sostenible en el tiempo. Estas asociaciones no solo ayudan a prevenir y mitigar los problemas, sino que también establecen un modelo de responsabilidad económica, social y ambiental. Las empresas comprometidas aportan experiencia y recursos esenciales para la sostenibilidad.
El camino hacia un futuro ambientalmente seguro en Panamá pasa por la adopción de prácticas mineras responsables y sostenibles. Las lecciones de una gestión profesional y las colaboraciones estratégicas deben guiar nuestras políticas y acciones futuras. Como panameños, nuestro norte debe ser apoyar y fomentar este modelo colaborativo, que demuestra cómo una gestión adecuada y responsable puede proteger nuestros recursos naturales, asegurar la salud pública y garantizar el bienestar de nuestras comunidades a largo plazo.
