«No olvidemos que el señor Alberto Fujimori sufrió condenas de corrupción»
El escenario político peruano se ha visto sacudido por un anuncio inesperado: Alberto Fujimori, expresidente y figura controversial en la historia reciente del país, pretende postularse como candidato presidencial para las elecciones de 2026. Este giro en la trayectoria del exmandatario, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, ha generado un intenso debate sobre la legalidad y las implicaciones de su posible candidatura.
El 15 de julio de 2024, Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder del partido Fuerza Popular, anunció a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) que su padre será el candidato presidencial de la agrupación para las elecciones de 2026. «Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial», declaró Keiko, confirmando así los rumores que venían circulando desde que Alberto Fujimori se afilió al partido semanas atrás.
Un pasado marcado por la controversia
Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000, periodo marcado por profundas reformas económicas y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, su mandato también estuvo envuelto en acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, relacionados con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
En diciembre de 2023, Fujimori abandonó la cárcel de Lima tras la restitución de un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta decisión, tomada por el Tribunal Constitucional, generó polémica y críticas de organizaciones de derechos humanos.
Obstáculos legales para la candidatura
La posible candidatura de Fujimori enfrenta serios obstáculos legales. El artículo 34-A de la Constitución peruana y la Ley Orgánica de Elecciones impiden que personas condenadas por delitos dolosos postulen a cargos de elección popular. Además, Fujimori aún no ha pagado las reparaciones civiles a las que fue condenado, que ascienden a 57 millones de soles (aproximadamente 15 millones de dólares estadounidenses.).
El constitucionalista Luciano López recuerda: «No olvidemos que el señor Alberto Fujimori sufrió condenas de corrupción. Es más, aceptadas por él. Una de ellas es el mal llamado pago de la CTS a Vladimiro Montesinos por 15 millones de dólares».
Reacciones y análisis de expertos
La noticia ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico peruano. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, expresó su perplejidad ante la situación: «Me parece incongruente que se le indulte a un ciudadano y luego está postulando a la Presidencia. El indulto es el perdón del resto de la pena que se encuentra pendiente, pero no convierte a ese condenado en inocente ni borra sus antecedentes ni constituye una rehabilitación plena que lo habilite a postular».
Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga ha citado los artículos 33 y 107 de la Constitución, que suspenden la ciudadanía a quienes tienen una sentencia condenatoria vigente e impiden a las personas condenadas postular a la Presidencia, especialmente si son deudores de reparaciones civiles.
El factor Keiko y el futuro de Fuerza Popular
La decisión de que Alberto Fujimori sea el candidato presidencial marca un giro en la estrategia de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, quien ha fracasado en tres intentos consecutivos por alcanzar la presidencia, parece dar un paso al costado en favor de su padre.
En declaraciones recientes, Keiko ha manifestado su apoyo incondicional a la decisión de su padre: «Si tú quieres eso [postular], te voy a apoyar. Si este es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo». Sin embargo, ha aclarado que no irá en la fórmula presidencial junto a su padre.
Es importante señalar que Keiko Fujimori enfrenta sus propios desafíos legales. Recientemente se ha iniciado la etapa final de la investigación en su contra por presunto lavado de activos en el denominado caso Cócteles, por el cual la fiscalía solicita una pena de 30 años y 10 meses de cárcel.
El anuncio de la candidatura presidencial de Alberto Fujimori ha reavivado el debate sobre su legado político y las implicaciones legales de su retorno a la arena electoral. Mientras sus seguidores celebran la posibilidad de su regreso, los obstáculos legales y las críticas de diversos sectores plantean serias dudas sobre la viabilidad de esta candidatura.
El caso Fujimori pone de manifiesto las tensiones existentes en la sociedad peruana respecto a su pasado reciente y plantea interrogantes sobre el futuro político del país. En los próximos meses, será crucial observar cómo se desarrolla este proceso y cómo responden las instituciones democráticas peruanas ante este desafío a las normas electorales vigentes.
