La última semana de gestión del presidente saliente Laurentino Cortizo inicia en medio de un escándalo en la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).
Se trata de la figura de “mutuo acuerdo” de casi $950 mil a beneficio del gerente general y directivos de Etesa, cuyos cargos finalizan el 30 de junio.
Mediante un comunicado, Etesa salió en defensa de sus directivos, afirmando que “tienen derecho a suscribir mutuos acuerdos como se ha hecho en las anteriores administraciones”.
El gerente general de Etesa, Calos Mosquera recibiría $249,195 y el subgerente Óscar Rendoll, $306,615 mientras que el director de Asesoría Legal, Ramón Palacios cobrará $119,366 y el director de Finanzas, Pablo Castrejón $116,577.
También estaría beneficiada con $91,068, Zorina Carles, directora de Servicios Corporativos y Daniel Castilla, gerente de Compras, con $77,095.
De ser esto cierto, sería un atraco a fondos públicos intolerable muy próximo al delito, en el mejor escenario. pic.twitter.com/WL9lWqNgPC
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 22, 2024
De acuerdo con el comunicado de Etesa, algunos mantienen contratos de trabajo con “carácter indefinido”, pero todos pueden ser removidos por su junta directiva.
Detalla que la política general de beneficios para trabajadores de ETESA, fue modificada en junio de 2019 y en ese sentido, dice que uno de los puntos establece “una indemnización cuando la terminación laboral fuese mutuo acuerdo o por decisión unilateral de la empresa, fijándose una tabla de compensación de conformidad a los años de servicios”.
Añade que la salida ordenad y sus indemnizaciones tiene el propósito de proporcionar el espacio necesario para el próximo gerente general traiga a su propio equipo de trabajo.
También se refirió al caso específico de Mosquera y explica que su liquidación fue acordada porque necesita someterse de urgencia a una intervención quirúrgica.
Los pagos de las liquidaciones están en manos del contralor general de la República, Gerardo Solís para su refrendo.
Esto fue cuestionado por el presidente electo José Raúl Mulino, quien pidió al contralor no aprobarlo y lo calificó como un abuso contra los fondos del país.
