Andriy Kostin, fiscal jefe de Ucrania, la describió como «otro paso significativo para garantizar la plena responsabilidad del agresor»
El martes 25 de junio de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) dio un paso significativo en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la invasión rusa de Ucrania. El tribunal con sede en La Haya anunció que el lunes había emitido órdenes de arresto contra dos altos funcionarios de seguridad rusos: el ex ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov. Esta decisión marca un hito en el conflicto y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los líderes militares en tiempos de guerra.
Los acusados: Serguéi Shoigú y Valeri Guerásimov
Serguéi Shoigú, de 69 años, sirvió como ministro de Defensa de Rusia durante 12 años, convirtiéndose en uno de los ministros más longevos del presidente Vladimir Putin. Shoigú desempeñó un papel crucial en la planificación y ejecución de la invasión de Ucrania. Sin embargo, la falta de avances significativos en el conflicto llevó a su destitución en mayo de 2024, luego de lo cual fue asignado a una posición de menor perfil en el Consejo de Seguridad, el órgano asesor de defensa del país.
El otro acusado, el veterano de 68 años Valeri Guerásimov, figura desde enero de 2023 como comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania. Guerásimov ya había sido sancionado por la Unión Europea en 2014 por su participación en el despliegue de tropas rusas en la frontera ucraniana. En declaraciones dadas en diciembre pasado, el general fue enfático al aseverar que Estados Unidos había «destruido a sabiendas todos los acuerdos de control de armamento para infligir una derrota estratégica a Rusia».
Los cargos: ataques contra infraestructura civil
La CPI acusa a Shoigú y Guerásimov de crímenes de guerra por dirigir ataques contra bienes de carácter civil y causar daños excesivos a civiles e infraestructuras no militares. También se les imputan crímenes contra la humanidad. El tribunal destacó que existen «motivos razonables para creer que los sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana» en el período comprendido entre el 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023.
El fiscal superior de la CPI, Karim Khan, declaró: «Ningún individuo, en ningún lugar del mundo, debería sentir que puede actuar con impunidad». La corte sostiene que los daños civiles previstos en estos ataques «habrían sido claramente excesivos respecto de la ventaja militar prevista».
El impacto en Ucrania: destrucción masiva de la red energética
Los ataques dirigidos contra la infraestructura energética de Ucrania han tenido consecuencias devastadoras para la población civil. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estimó que el 30% de las centrales eléctricas del país fueron destruidas. Más recientemente, Zelenski afirmó que Rusia había dañado o destruido más de la mitad de la generación de energía de Ucrania, provocando los peores apagones desde que comenzó la invasión en 2022.
Estos ataques resultaron en apagones masivos que afectaron a cientos de miles de ciudadanos, dejándolos sin electricidad ni agua, e incluso comprometiendo el funcionamiento de hospitales. La situación se volvió especialmente crítica durante los meses más fríos del año, cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación.
Un estudio de la Escuela de Economía de Kiev reveló que, a finales de mayo, el sector energético ucraniano había sufrido daños y pérdidas por un total de 56,500 millones de dólares como resultado de la invasión rusa. De esta cifra, 16,100 millones corresponden a daños directos en instalaciones de generación y transmisión de electricidad, así como en infraestructuras de petróleo y gas.
Reacciones internacionales y consecuencias
La emisión de estas órdenes de arresto ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Ucrania ha acogido con satisfacción la decisión de la CPI. Refiriéndose a estas ódenes de arresto, el presidente Zelenski apuntó que «Todo criminal involucrado en la planificación y ejecución de estos ataques debe saber que se hará justicia. Y esperamos verlos tras las rejas». Además, señaló las acciones de la CPI como «una clara indicación de que la justicia por los crímenes rusos contra los ucranianos es inevitable».
Por su parte, Andriy Kostin, fiscal jefe de Ucrania, la describió como «otro paso significativo para garantizar la plena responsabilidad del agresor».
Sin embargo, la efectividad práctica de estas órdenes es limitada. Rusia no es miembro de la CPI, rechaza su jurisdicción y se niega a entregar a sus ciudadanos a la justicia internacional. Desde el Consejo de Seguridad de Rusia menospreciaron las órdenes manifestando que son ejemplos «patéticos» de «la guerra híbrida de Occidente contra nuestro país». Además, Rusia ha argumentado que la infraestructura eléctrica en Ucrania representa un objetivo militar legítimo.
Es importante recordar que estas no son las primeras órdenes de arresto emitidas por la CPI en relación con la invasión de Ucrania. El año pasado, El tribunal emitió órdenes de arresto en contra del presidente Vladimir Putin y de Maria Lvova-Belova, defensora del pueblo para los derechos de los niños, por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranianos. El gobierno ucraniano ha documentado el traslado forzoso de unos 20,000 niños y adolescentes desde el inicio de la invasión militar rusa en febrero de 2022. Según las autoridades ucranianas, estos menores son entregados a familias rusas y despojados de su identidad y nacionalidad, aunque Moscú niega estas acusaciones y afirma que los ha protegido al apartarlos de la guerra.
La emisión de órdenes de arresto contra Shoigú y Guerásimov por parte de la CPI representa un paso significativo en los esfuerzos internacionales por responsabilizar a los altos mandos militares por crímenes de guerra. Aunque es poco probable que estos funcionarios sean detenidos en un futuro próximo, estas acciones envían un mensaje claro sobre la gravedad de los ataques contra infraestructuras civiles y sus consecuencias para la población. El conflicto en Ucrania continúa generando profundas preocupaciones humanitarias y desafíos para el derecho internacional, mientras la comunidad global busca formas de abordar y prevenir tales atrocidades en el futuro.
