Las obras públicas realizadas por el Estado son cruciales para el desarrollo de un país. Mejoran la infraestructura, facilitan el comercio y elevan la calidad de vida de los ciudadanos. Obras como carreteras, puentes, hospitales y escuelas son fundamentales para la cohesión social y el progreso económico. Sin embargo, cuando estas obras son mal ejecutadas debido a la incapacidad, negligencia de los funcionarios o cambios improvisados no documentados, se generan serios problemas.

El daño es significativo: el Estado pierde enormes cantidades de dinero en reparaciones y mantenimiento adicional, recursos que podrían haberse destinado a nuevas inversiones. Además, la ciudadanía sufre las consecuencias directas, como accidentes, interrupciones en el servicio y falta de acceso a infraestructuras de calidad. Estos ilícitos erosionan la confianza pública y frenan el desarrollo económico, perpetuando un ciclo de ineficiencia y desperdicio de recursos.

Un ejemplo claro es el puente de interconexión en Burunga, conocido ahora como el «puente embudo» debido a sus dimensiones reducidas, que cuestionan su funcionalidad para el tránsito vehicular. Esta obra, con un costo de más de 400 millones de dólares y supervisada por el Ministerio de Obras Públicas, es un monumento a la incapacidad y al fracaso de los controles de supervisión. Se requiere la intervención de las autoridades para establecer sanciones ejemplares que pongan fin al abuso y la incompetencia de las empresas constructoras. Panamá no puede permitir que se sigan echando al traste sus inversiones públicas. Es imperativo que se apliquen castigos ejemplares en casos como el de Burunga, para evitar la repetición de estos errores y proteger los recursos del país.