Las autoridades panameñas rechazaron el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado la semana pasada en la que alerta que tanto Colombia como Panamá no protegen a los migrantes irregulares que cruza la selva del Darién en busca de llegar a Estados Unidos.
En el informe de 120 páginas, el organismo denunció falta de protección por parte de Colombia y Panamá, así como medidas adecuadas de seguridad de los miles de migrantes, dejándolos expuestos a robos y violaciones sexuales.
El Fiscal Primero contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, indicó que en el 2023 se judicializaron un total de 96 personas vinculadas a delitos en perjuicio de migrantes. #DariénNoEsUnaRuta🇵🇦 @PGN_PANAMA pic.twitter.com/rxOcucwHW5
— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) April 8, 2024
Ante estas denuncias, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino le respondió a la ong que el país está siendo responsable y que Panamá no es el problema.
Pino reiteró que Panamá el único país que realiza las pruebas biométricas, donde se detectan terroristas y violadores que se mezclan entre los miles de migrantes que ingresan al país por la frontera colombo panameña.
“Panamá no es un paso libre y en nuestro país se vela por la seguridad al tiempo que se respetan los derechos humanos de los migrantes”, dijo Pino.
Otra de la funcionaria panameña que se sumó al rechazo al informe de HRW, es la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine y aseguró que este informe no refleja la realidad y tiene un propósito oculto que solo ellos saben cuál es.
Gozaine, hizo referencia a estadísticas del tema, indicó que más de 900 mil personas han pasado por la selva del Darién en 5 años. La funcionaria expresó que en esta área hay más de 17 organizaciones no gubernamentales y jamás hemos escuchado los relatos escritos en ese informe.
Durante la conferencia de prensa también participó el director del Servicio Nacional de Frotenra (Senafront), Jorge Luis Gobea, quien hizo referencia a los más de 170 campamentos desmantelados por las unidades fronterizas y a las más de 200 personas entre panameños y extranjeros, retenidos por robo, violaciones y tráfico humano en Darién y Guna Yala, que han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes.
En la mesa principal durante la conferencia estuvo el Fiscal Emeldo Márquez, quien explicó que Panamá en su compromiso de velar por el acceso a la justicia al que tiene derecho todo ser humano, mantiene en las comunidades receptoras y en los centros de recepción migratoria en Darién.
