Los devastadores resultados de la prueba PISA para Panamá evidencian, una vez más, el fracaso de un sistema educativo disfuncional que niega el derecho a la educación de calidad a miles de estudiantes. La deficiente preparación de los jóvenes panameños, reflejada en el último examen del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), es producto de décadas de desidia gubernamental y ausencia de políticas públicas efectivas en educación.
Según los datos oficiales, en matemáticas los estudiantes panameños obtuvieron un puntaje promedio de 357, mientras que en lectura alcanzaron 392 y en ciencias 388. Estos resultados están muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que supera los 450 puntos. Lo alarmante es que prácticamente no hubo mejoría respecto a la prueba PISA de 2018.
De acuerdo al informe divulgado esta semana, apenas el 16% de los evaluados logró un nivel básico de competencia matemática, frente al 69% de promedio de la OCDE. En lectura, el 42% alcanzó el nivel mínimo requerido, comparado con el 74% en los países desarrollados. Mientras que, en ciencias, el 38% demostró suficiencia, versus el 76% del promedio OCDE.
Estas cifras revelan el enorme rezago educativo del país, donde 6 de cada 10 jóvenes egresan del sistema escolar sin las competencias elementales en áreas clave como matemáticas y lectoescritura. Urge una reforma profunda que coloque a la educación como verdadera prioridad nacional. Se requieren docentes mejor formados, planes de estudio actualizados, infraestructura adecuada, mayor cobertura en zonas vulnerables e impulso a la educación técnica. El Estado debe destinar más recursos a este sector y garantizar un presupuesto estable que permita dar continuidad a los programas.
Los pobres resultados en PISA no hacen sino certificar el fracaso histórico de la educación panameña. Pero también representan una oportunidad para sentar las bases de un sistema educativo moderno e inclusivo que provea las competencias que demanda el siglo XXI. Es hora de pasar de las promesas a los hechos concretos. El futuro de miles de niños y jóvenes panameños está en juego.
