Afrontar el pago de la prima de antigüedad de los ex servidores de la Defensoría del Pueblo es una de las prioridades presupuestarias para el próximo año de la institución.
“Pedimos justicia para cancelar el pago de la prima de antigüedad de los exfuncionarios de la Defensoría del Pueblo, para ello son necesarios los recursos presupuestarios que nos permitan afrontarlos”, dijo el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, durante su comparecencia ante la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional.
El funcionario explicó que se le asignaron B/. 7.4 millones para funcionamiento y B/.1.2 millones para inversión, que serán destinados a la implementación de una Oficina de Denuncias móvil, la apertura de una regional en Barú, provincia de Chiriquí, a adquirir más equipo terrestre y acuático; al mejoramiento técnico del sistema de atención; a la instalación de un Centro de Capacitación Integral de Derechos Humanos y a un Sistema de Monitoreo de Audiencias.
Durante la sustentación se informó que se proyecta cerrar el año 2023 con 9 mil 178 trámites entre quejas y orientaciones, y que además se registraron 23 alertas tempranas durante los nuevos meses transcurridos del presente año.
En su presentación el Defensor destacó la emisión de las diferentes alertas como: Diagnóstico de las escuelas a nivel nacional, alerta temprana Binacional Panamá-Colombia sobre migración en la provincia de Darién, Situación de la niñez en movilidad humana en zona fronteriza, Situación de personas mayores en centros de cuidados a nivel nacional y problemática de basura en el distrito de San Miguelito, entre otros aspectos.
