Convención que protege derechos de personas mayores es “una necesidad apremiante”

De izquierda a derecha: El abogado Roberto Aparicio; Rubén Farje, Embajador de la OEA en Panamá; la Dra. EdiliaCamargo; Nubia Aparicio, periodista; la catedrática, Claude de López; y el abogado, Alonso Illueca.

La adhesión de la República de Panamá a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores es una necesidad apremiante y un imperativo, pues este instrumento jurídico extiende protecciones especiales a un grupo humano que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

A esta conclusión llegó el abogado internacionalista, Alonso Illueca, durante el conversatorio “Ratificación de la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores”, que se llevó a cabo en la sede del Colegio Nacional de Abogados y que contó, además, con las intervenciones de los catedráticos Edilia Camargo, gestora el proyecto, y Claude Vergés de López. Actuó como moderador el abogado Roberto Aparicio.

Siendo los adultos mayores uno de los principales grupos afectados para la no materialización de los derechos económicos, sociales y culturales en Panamá, la adopción de un instrumento jurídico con definiciones concretas sobre cuidados paliativos, discriminación por edad en la vejez, envejecimiento activo y saludable, maltrato y servicios socio-sanitarios integrados, complementaría y llenaría importantes vacíos en la casi inexistente legislación sobre la materia, resaltó el abogado Illueca.

Igualmente, explicó el jurista, ante las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia tendientes a negar el acceso a la información pública (caso actas de consejo de gabinete), a rechazar los criterios de igualdad entre hombres y mujeres (caso esterilizaciones) y los de la población LGBTIQ+ (caso matrimonio igualitario), queda demostrado que una de las pocas avenidas para la salvaguarda efectiva de los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad como las personas mayores, es a través de la positivización a nivel de derecho interno de la normativa que los protege a nivel internacional.

En tanto, el representante de la Organización de Estados Americanos en Panamá, Rubén Farje, quien fue invitado por el moderador para que diera unas palabras introductorias al foro, indicó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, es un tema “absolutamente imprescindible” que hay que atender.

“No se puede vivir en contra del derecho natural, en contra de nosotros mismos, pues todos vamos a llegar allá”, dijo el diplomático en referencia a las personas mayores y a la Convención.

El instrumento jurídico establece derechos inalienables, indispensables, indivisibles y transversales.. “demos ese paso hacia adelante, sin reparos”, solicitó Farje.

Por su parte, Claude Vergés de López hizo un análisis del contenido de la Convención y dejó claro que en Panamá existe violencia psicológica y económica contra las personas mayores, ente otros abusos, razones por las cuales se manifestó en favor de la ratificación del instrumento jurídico.

El objetivo de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

De acuerdo con los expertos, la Convención es importante porque facilitará la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, además de que contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos.

De acuerdo con la catedrática Edilia Camargo, quien lucha incesantemente para que la que Convención sea ratificada por la República de Panamá las personas mayores tienen derecho a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos, tal y como lo indica el instrumento jurídico.

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