“Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, reza un viejo refrán; y lo que ocurre en Francia trae a colación lo oportuna que resulta la sabiduría existente tras esas palabras.

Después de dos meses de confrontación a causa de las reformas que pretende establecer con su polémico plan de pensiones- que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años- finalmente el presidente francés Emmanuel Macrón echó mano del artículo 49.3 de la Constitución que le permite adoptar una ley sin requerir el voto de la Asamblea.

Millones de franceses ven este aumento como un asalto a su forma de vida, al punto que los sondeos realizados advierten que dos de cada tres ciudadanos rechaza la reforma. Y, mientras los opositores políticos señalan que a pesar de ser legal la medida es antidemocrática, los sindicatos han logrado movilizar más de un millón de personas,  para dejar constancia del descontento generalizado. “El gobierno no es simplemente una minoría en la Asamblea Nacional”, ha dicho el legislador centrista independiente Charles de Courson, “es una minoría en todo el país. Y somos una democracia”.

La fractura social que aqueja a Francia desde que se anunciara la medida debe servir de ejemplo en otras latitudes en donde al afrontar la crisis del sistema de pensiones, la primera medida de la que se echa mano es el aumento de la edad requerida para aplicar al retiro laboral, mientras se ignoran otros hechos como el saqueo, los negociados con sobreprecios y la corrupción imperante en las finanzas de la institución encargada de las jubilaciones.