La cancelación de los Juegos Centroamericanos retrata de manera certera los senderos retorcidos y los turbios manejos de los sectores de poder- esta vez el deportivo- que sin importar los daños causados atentan incluso contra el orden legal con tal de llevar a cabo sus perversas ambiciones. Más de 4 mil atletas de 21 disciplinas deportivas y de los siete países de la región ven truncados sus sueños de competir porque quien preside el Comité Olímpico de uno de los dos países anfitriones, al no concretar sus sueños de reelección y perder frente a su contrincante, impugna las elecciones y, en una segunda vuelta, se anota el “triunfo” luego de nombrar una nueva comisión electoral, de reformar los estatutos vigentes y de apuntarse el respaldo de figuras poderosas que favorecieron sus ambiciones personales. Las irregularidades alcanzan tales niveles de gravedad que el caso fue atendido por las más altas instancias de la justicia guatemalteca; las que, desde entonces, se han visto sometidas al acecho y las presiones de algunos grupos de dirigentes deportivos que pretenden actuar por encima e, incluso, al margen de la ley del país, imponiendo algunos estatutos del Comité Olímpico que son contrarios a la Constitución política que rige por aquellos lares.
No es la primera vez ni la primera nación del área en que algo semejante ocurre. El episodio señalado es una ajustada metáfora de la descomposición ética que carcome el ejercicio del poder- de cualquier tipo- y que amenaza las estructuras institucionales y legales de las naciones de la región. Esta experiencia, al igual que la de las últimas décadas, confirma nuevamente que el deporte como la política, en este rincón del mundo, son dos círculos concéntricos cuyo punto común es la ambición desmedida a la que no le importa ni le inquieta irrumpir en los terrenos de la corrupción. Dos caras de los mismos vicios.
