El lenguaje verbal, en la política, no siempre revela: por el contrario, es la herramienta perfecta para maquillar y desvirtuar realidades. Es el gesto el que pone al descubierto lo que se piensa o pretende y que, muchas veces, las palabras intentan ocultar. No en vano se dice que la palabra miente, no así el inconsciente.

Pero no abonamos aquel gesto definido como “movimiento de una parte del cuerpo, especialmente de la cara o de las manos, con el que se expresa algo”. La atención apunta al gesto político concebido como una decisión o actuación bajo las cuales subyacen los valores y las intenciones de quien los suscribe o lleva a cabo. Es ahí, definitivamente, en la lectura de estos gestos convertidos en símbolos reveladores donde radica la verdadera motivación de la política, ¡de cualquier política!

Que el pasado jueves, en la agenda legislativa, el proyecto de ley 531, que hasta entonces estaba de séptimo, fuera bajado al punto 10, demuestra claramente que en la Asamblea Nacional los esfuerzos en contra de cualquier tipo de corrupción no son prioritarios. Porque el mencionado proyecto de ley procura inhabilitar “de manera permanente para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción o que hayan pactado acuerdos de colaboración o pena”.

La constancia con que ese órgano del Estado se niega a contribuir con leyes efectiva e inmediatas para hacer frente a la corrupción imperante resultan nocivas para la estabilidad y la buena marcha del país. Y pintan descarnadamente el menosprecio que profesan con respecto al adecentamiento reclamado por los miles de ciudadanos que se lanzaron hace poco a las calles hartos, entre otras cosas, de tanta podredumbre en la gestión de gobierno.