Los legisladores han dado luz verde a un decreto presentado el 3 de agosto con el voto a favor de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido liderado por Ortega y por su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Entre las organizaciones afectadas figura la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del FSLN de Chinandega 9 de Septiembre, una rama de la que el partido gobernante se ha ido distanciando a raíz de las peticiones del grupo de más ayuda y de las críticas de este sector a Murillo.
Con esta última medida, ya son 1.350 las ONG canceladas en lo que va de año, según el diario ‘La Prensa’, que anticipa nuevos bloqueos. El diputado oficialista Filiberto Rodríguez presentó este mismo martes otro texto con cien ONG, por lo que previsiblemente a corto plazo la lista negra se ampliará hasta los 1.450 nombres.
Tanto la oposición como la comunidad internacional, incluida la ONU, han cuestionado esta campaña, que el oficialismo nicaragüense intenta justificar en ocasiones en virtud de supuestas irregularidades burocráticas pero que se enmarca en una ola de represión que se inició tras las protestas de 2018 y se reforzó en los meses previos a las elecciones de 2021.
