En nuestra nación, el clientelismo alcanza dimensiones descomunales y compromete gravemente el presente y el futuro de todos. Esa malsana práctica de intercambiar favores y beneficios a cambio de apoyo y simpatías, es una de las muchas infecciones que carcomen la vida pública del país; ciertamente, la llevan a cabo políticos de cualquier color y bandería, sobre todo en los procesos electorales. Y la continúan practicando aquellos que acceden al poder con la idea librarse de obstáculos a la hora de ejercerlo y engrosar el ejército de defensores.
Pero, este intercambio de favores y beneficios no se limita sólo al que se da con aquellos agobiados por la necesidad y las condiciones precarias. Se refiere, también, al manejo selectivo de los contratos, negocios y oportunidades del Estado para beneficiar los intereses de grupos económicos y familiares que, en agradecimiento, retribuyen los favores con financiamientos electorales, pagos directos, indirectos, o con apoyo político abierto. Inevitablemente, esta lacra será más común cuanto más débil o inexistente sea la institucionalidad, favorecida por organismos de contraloría que no cumplen con sus funciones. Agravada, además, cuando los grandes medios de comunicación están en las mismas manos que los grupos empresariales que forman parte de la ecuación del clientelismo.
Aunque nunca ha estado ausente de nuestra historia, la grave escalada que ha mostrado durante las últimas décadas son motivos de una muy justificada preocupación. El clientelismo político amenaza con ahogar todos los aspectos de la vida nacional: ahí tenemos, para muestra, el desastre en que amenaza convertir un renglón tan sensitivo como la educación nacional. El emblemático caso de la UNACHI es sólo un pequeño adelanto del principio del fin: una institución educativa que, a pesar de la escandalosa estructura de irregularidades en la que se ha visto envuelta, recibe el espaldarazo de quienes gobiernan con la aprobación de una ley que premia los antivalores a costa de la educación. La pregunta que se impone es: ¿cuánto le costará al país esa reelección?