Del total de 679 representantes que hay en el país, 172 de ellos disfrutan de una licencia con sueldo que les permite ocupar otros puestos dentro del aparato estatal. A la vez, de un total de 81 alcaldes, 30 de ellos gozan de la misma prerrogativa. Este privilegio se traduce para el Estado en un gasto anual de 3.9 millones de dólares y fue establecido por la Ley 37 del 9 de junio de 2009, a pesar que la misma viola el artículo 19 de la Constitución Política que establece que “no habrá fueros ni privilegios” y también el 302 que dicta que “los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades (…)”.

El pasado 30 de marzo la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea decidió mantener las licencias con sueldo en las reformas que se hicieron a la mencionada ley 37 o ley de descentralización, aunque atenta contra las normas constitucionales. Pesaron más los intereses personales porque, no se puede desconocer que, en la maquinaria electorera criolla, los alcaldes y representantes con sus vices y sus suplentes, son piezas fundamentales en los circuitos para buscar los votos que requieren los honorables diputados en las elecciones internas y las generales.

En el fallo unánime del pasado 14 de marzo, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la frase “licencia con sueldo” presente en los artículos 78 y 83 de la ley de descentralización y echó por tierra lo actuado por la Asamblea al decantarse por mantener el privilegio. Dejó en evidencia, también, la vergonzosa actuación del Contralor General de la República, quien en un exaltado discurso pronunciado el 5 de enero del año en curso defendió la “legalidad” de estas licencias con sueldo. Hace muy poco, este mismo personaje anunciaba con bombos y platillos la eliminación de los criticados gastos de movilización de alcaldes y representantes y, tras bambalinas, les sugería echar mano de las partidas de gastos imprevistos.

La Corte Suprema habló alto y claro. Sin embargo, en este país que excede por mucho cualquier portento imaginario del realismo mágico, podría esperarse sin temor a equivocaciones que los políticos criollos se salgan con una solución tan absurda e ilegal como conveniente a sus muy particulares intereses. No será la primera vez que en esta nación se preste oídos sordos a los dictados de la Corte. Tal vez alguno de los diputados del patio, frustrado filólogo en su fuero interno, elabore un malabarismo lingüístico para reformar la ley y remplazar la frase condenada por el fallo. Los privilegiados por las licencias podrían quedar cobrando en otros baúles; así como quedaron cobrando en los “imprevistos” los que antes metían manos en los “gastos de movilización”.