El primer intento para solucionar el conflicto por la vía diplomática llegó en 2014, el mismo año en que comenzaron las hostilidades y en que Rusia se anexionó unilateralmente la península de Crimea. En septiembre, representantes de los gobiernos de Ucrania y de Rusia, de las administraciones rebeldes y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) estamparon su firma en un primer acuerdo.

Este texto inicial tenía como principal objetivo lograr un alto el fuego, para lo cual estipulaba una docena de puntos que incluían la retirada de armamento pesado y un intercambio de prisioneros entre las partes. Sin embargo, fracasó, dado que los combates persistieron y los distintos bandos no escatimaron en reproches mutuos.

Los Acuerdos de Minsk fueron reeditados cinco meses más tarde, con las fuerzas ucranianas en retroceso frente a unos rebeldes respaldados desde Rusia. En el segundo documento se sumaron como mediadores Francia y Alemania, que conformaron junto a Ucrania y Rusia el conocido como Cuarteto de Normandía.

Así, las partes suscribieron en febrero de 2013 un plan de 13 puntos que incluye la retirada de armamento, el despliegue de observadores de la OSCE, la celebración de elecciones locales y la concesión de un estatus específico para las regiones de Donetsk y Lugansk.

Rusia es un término tabú en este nuevo documento. El nombre de este país no figura en ningún momento, a pesar de que su velada participación en el conflicto ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Kiev y Moscú durante estos casi ocho años de guerra.

Las autoridades ucranianas consideran que el punto que alude al repliegue de todos los efectivos militares extranjeros en el este de Ucrania va por Rusia, pero esta no sólo no se da por aludida sino que se ha ceñido insistentemente a su versión de que no ha traspasado ciertas líneas rojas.

El reconocimiento de Putin de la independencia de las autoproclamadas ‘repúblicas populares’ de Donetsk y Lugansk ha supuesto de facto un giro ya público en la ayuda que los rusos brindan a los rebeldes aliados, como quedó recogido en el propio decreto. Este anticipa una «misión de mantenimiento de la paz» o, dicho de otra forma, el envío de tropas.

Moscú parte con la premisa de que hay numerosos ciudadanos rusos en el Donbás, fruto en gran medida a una concesión masiva de nacionalidades. Asimismo, tanto su discurso como el de los separatistas ucranianos gira en torno a que quien está incumpliendo los Acuerdos de Minsk es la otra parte.

Putin ha recriminado que no quiera entablar negociaciones directas con los rebeldes y que no dé pasos de índole política para celebrar elecciones y revisar el estatus de Donetsk y Lugansk. Moscú también ha acusado en los últimos días a las fuerzas ucranianas de cometer actos de sabotaje y ataques indiscriminados, en una serie de denuncias que las autoridades de Ucrania han negado.

Diplomacia en el aire

El último desafío de Putin entierra también las esperanzas de una semana que se avecinaba frenética en cuanto a contactos diplomáticos, especialmente después de que el Elíseo informase el lunes de que había arrancado de Moscú y Washington el compromiso de ultimar una cumbre a nivel de presidentes.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, adelantó también que tenía previsto verse este jueves en Ginebra con el secretario de Estado de Estados Unidos, Joe Biden, mientras que el Gobierno francés confirmó que el viernes el jefe de la diplomacia de Rusia estaría en París precisamente para preparar la cumbre de presidentes.

Sobre el terreno, entretanto, ya son más de 14.000 las personas que han muerto víctimas del conflicto y tanto el Ejército ucraniano como los rebeldes han denunciado en las últimas horas nuevas víctimas, algunas de ellas civiles. Además, alrededor de un millón y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según datos de la ONU.