El Proyecto de Ley No. 598 “que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en aguas jurisdiccionales de la República de Panamá”, fue aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados y aún está a la espera de la sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Durante las últimas semanas, la Cámara Marítima de Panamá (CMP), comenzó a hacer presión para que se sancionara la ley de cabotaje, que, según cifras oficiales, este sector económico, aporta un 30% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El cabotaje en términos sencillos es el tráfico marítimo a lo largo de la costa, especialmente para comerciar y según la CMP, gracias a este servicio, no hubo escasez de productos durante los meses más difíciles que provocó la pandemia en el país.

En Panamá, unos 250 mil trabajadores forman parte del sector marítimo, enfocado en el cabotaje y que se mantuvo abierto durante los meses de clausura general por la COVID-19, generando, además de ingresos al país, una seguridad para la población.

Según el presidente de la CMP, en América, Panamá es uno de los pocos países sin ley de cabotaje, que debería buscar proteger las normativas para que todos puedan competir y ofrecer servicios con las reglas claras.

“La ley tiene que ser aprobada. Ahora lo que estamos esperando es la firma. La ley fue aprobada en la Asamblea y hemos visto al sector marítimo empujándola, porque realmente el país merece una ley de cabotaje”, detalló Enrique Clément.

Expectativa

Se entiende que luego de ser aprobada en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley sobre cabotaje pasó a una consultoría, pero aún no se tiene una respuesta oficial de parte del presidente Cortizo. Ni la sanciona, ni la veta, dejando en el aire tanto a los empresarios, como a quienes están en contra de la ley.

Sí, la ley tiene sus detractores, a pesar de que todo el grupo marítimo en Panamá y los empresarios la está apoyando.

Se llegó a hablar hasta de un supuesto sabotaje contra la ley de cabotaje, se dice que las transnacionales que han sido denunciadas por su poco o nulo aporte al sector marítimo, por parte de los gremios panameños, además la industria marítima auxiliar también ha mantenido de forma real su desagrado ante la ley.

Ellos han estado denunciando sostenidamente, los abusos de las transnacionales y las desventajas de Panamá frente a esta “inversión extranjera” que atrapa oportunidades en el mercado, cobra y se va, sin dejar impuestos, ni valor agregado, ni empleos arraigados en el país.

Supuestamente dichos problemas que fueron denunciados durante toda la jornada de discusión del proyecto por los gremios marítimos, que apoyan el proyecto como la Cámara Marítima de Panamá, la Asociación Panameña de Armadores (ARPA), la Cámara de Comercio de Chiriquí, entre otros grupos.

Explicaciones

El centro de la polémica y el rechazo de las empresas marítimas internacionales en contra de ceder terreno en el mercado panameño, está en un artículo y una serie de disposiciones que permitirían por primera vez el desarrollo de esta industria en base a la explotación de su propio mercado.

Desde el Ministerio de Comercio e Industrias, (MICI), se recomienda el veto parcial a la yugular del proyecto de ley, que es el control de la propiedad reservada a panameños dentro de la industria marítima auxiliar.

“El proyecto de ley busca no solo el regular y definir la actividad de cabotaje, sino el reservar la explotación de la actividad a nacionales o empresas con un 75% o más de propiedad de panameño. Con esta limitación, se espera acabar con las ventajas que hoy ostentan las empresas de capital extranjero y poner un techo sobre los armadores locales que les permita seguir creciendo y desarrollando la industria en un marco de libre competencia con igualdad de condiciones entre los participantes”, afirmó en su momento, José Digeronimo, Director Ejecutivo de ARPA.

Para Digeronimo, es una ley de Cabotaje como las que poseen el 80% de los países con negocios marítimos.

La ley

Se estima que busca regular aspectos generales aplicables al cabotaje y las actividades de comercio interior; así como al procedimiento de inspección de las naves de servicio interior matriculadas en la marina mercante panameña, y de servicio internacional que se encuentren en aguas jurisdiccionales del país.

También hay regulaciones de forma legal para atender de forma jurídica y práctica problemas vinculados al sector marítimo, como lo constituye el tema de las naves abandonadas y las especies náufragas, las cuales representan un peligro real para la seguridad de la navegación, la vida de las personas y para el medio ambiente marino-costero.

Otro de los puntos, son las notificaciones de las resoluciones de cancelación de oficio de las licencias de operación, las que en una gran cantidad de casos resultan impracticables por razones imputables a los proveedores de servicios marítimos auxiliares.

Finalmente se busca la creación del Programa de Regularización y Titulación Masiva de Recintos Portuarios y de Bienes Inmuebles bajo administración y competencia de la Autoridad Marítima de Panamá, que actualmente se administra bajo un contrato de concesión.