Lo que enfrenta nuestro país en los últimos días, es un desenfreno total en materia de inseguridad, los medios de comunicación social registran diariamente un sin número de hechos sangrientos, donde el hampa se tomó las calles y donde es poco los resultados de los estamentos de seguridad obligados constitucionalmente a brindar tranquilidad a los asociados.

Las diferencias entre bandas o la disputas por el territorio, son las explicaciones recurrentes que nos brindan los regentes de la seguridad pública, quienes bajo dicha premisa justifican los débiles o casi imperceptibles acciones para erradicar el problema.

Lo último fue un incidente que ocasionó la muerte de más de 5 personas en un centro nocturno de la ciudad capital, área que usualmente es frecuentada por nacionales y extranjeros que buscan conocer la vida nocturna de lo que fue la tacita de oro.

Este hecho inundó los titulares internacionales, dejando a Panamá como un lugar donde la vida nocturna es una aventura acompañada de inseguridad y de la ausencia de ley.

Nos preocupa profundamente que actos de este calibre se vuelvan costumbre, y no solo peligre la actividad económica de nuestro país, sino la vida de las personas que recurren a estos centros buscando un rato de distracción, y donde se exponen a verse envueltos en la obra maestra del terror.

El Estado es el responsable de velar por la seguridad de los residentes en el territorio nacional y lo hace por medio de la fuerza pública, tal cual lo dispone el Artículo 310 de nuestra Constitución Nacional, que señala:

ARTICULO 310. La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado.

Para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la Ley organizará los servicios de policía necesarios, con mandos y escalafón separados.

Ante amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República. El Presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente Título; y éstos, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil; por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales.

Es muy lamentable, que la seguridad represente la deficiencia de los gobiernos, las excusas no son aceptables cuando la vida de las personas de bien se pueden ver comprometidas, esta es una realidad que nos lleva a solicitarle al jefe de gobierno a recomponer su equipo, ya que lo que tiene evidentemente no representa ningún poder persuasivo que lleve a evitar los actos delictivos y la criminalidad organizada.
Propuestas legales como la extinción de dominio, tendrán un efecto nulo, si no vienen acompañadas de acciones contundentes más allá de simples retenes, con efectivos en bicicletas.

La delincuencia organizada, no son los delincuentes de poca monta de décadas atrás, son individuos con carros últimos modelos, con tables, celulares, GPS, y tecnología de punta, y con armas de grueso calibre, que les brinda seguridad y control de todas sus actuaciones.
Lo que estamos viendo en las calles es un claro irrespeto y desconocimiento a la autoridad ya las normas legales, portal motivo no podemos venir con discurso de llamado de atención, pues lo que estamos viendo en las calles son muertos.

La Seguridad, es un problema no de ahora, sino desde que tengo uso de razón, y un país inseguro está condenado a fracasar. Ya que nadie vendrá a invertir en un lugar, donde impera es la ley del revolver y donde la población esta indefensa.