Mediante un comunicado, la Cámara Minera de Panamá dejó ver su preocupación por el proyecto de ley 716 que se discute en primer debate en la Asamblea Nacional y establece parámetros sobre la contribución nacional y régimen impositivo por la extracción de recursos y dicta otras disposiciones.

Según el organismo, la iniciativa legislativa «pretende incrementar de manera exagerada la carga impositiva y de cánones superficiales del sector minero, desconociendo totalmente como operan las finanzas de una operación minera metálica o no metálica y distorsionando la realidad de las regalías pagadas en el mundo por el sector minero».

Entre los cambios que se pretenden implementar están los correspondientes a minería no metálica, como establecer una regalía del 10% sobre las ventas brutas a las operaciones de canteras o cementeras, lo cual, aseguran, incide directamente en los precios de los materiales de construcción, «que al final se refleja en un aumento de los costos de vivienda».

«Los órganos del Estado deben velar por mejores condiciones de acceso a vivienda de los ciudadanos de menos recursos, por lo que el Código Minero hoy no grava con regalías sobre las ventas brutas esta actividad minera», explican.

Sobre la minería metálica, indicaron que existen dos sistemas de regalías para este sector en el mundo:  «Regalías en % sobre las ventas brutas (RSV) y Regalías en % sobre la ganancia (RSG).  Explican que bajo el sistema actual, al Estado panameño le ingresa un 50.00% de la ganancia del negocio, y sin considerar las excepciones que contempla el sistema de regalías de Chile, el valor en dinero que se paga por regalía en Panamá es más alto que el pagado en Chile (B/.5.00 vs B/.3.50).

«Hoy en día se discute en el Congreso de Chile pasar al sistema de 3% sobre las ventas brutas, inferior al 5% que establece el Código Minero nuestro actualmente. Para el caso de la propuesta del proyecto de Ley 716, se incurriría en pérdidas dado que los costos de producción de B/.75 más los B/.30 de regalías suman B/.105, valor superior a las ventas brutas de B/.100, tornando inviable económicamente la operación de una mina».

Por lo anterior, aseguran que «no es responsable y mucho menos en las condiciones actuales de la economía, afirmar en los medios y presentar propuestas como la que nos ocupa, donde basados en información tergiversada», además, acusan de tratar de «engañar al país diciendo que las regalías mineras son del orden de 40% o más en el mundo, valor que obtienen mezclando en una suma los porcentajes de regalías calculadas sobre ventas totales y los de impuesto sobre la renta y otros tributos calculados en base a la ganancia.

«Es decir, se hacen comparaciones de peras con manzanas de manera engañosa y malintencionada», señala el documento.

Por ello, dicen que es «imprescindible que Panamá mantenga un porcentaje competitivo respecto a lo que se cobra en materia de regalías mineras en otros países mineros de la región y el mundo, «ya que las inversiones y la supervivencia económica de un proyecto minero ante las caídas cíclicas del precio de los metales, depende en gran medida de este factor».

La Cámara Minera alega que son conscientes que se debe revisar el Código Minera, sobre todo temas como la institucionalidad y la modernización de estas legislaciones y que estamos ante una enorme ventana de oportunidad, considerando el potencial minero del así.

Por eso, indican, «hay que actuar con seriedad y sentido común, basados en información cierta y pensando en el beneficio de todos, especialmente en aquellos que viven en el entorno rural, áreas que están fuera del alcance de los beneficios del eje canalero, y cuyas condiciones de vida son las que marcan la enorme brecha de desigualdad que exhibe Panamá».