Aún no se termina de calcular el impacto y la magnitud de los daños que dejará la pandemia del nuevo coronavirus en la educación de niños y jóvenes del área de América Latina y el Caribe, donde los centros educativos han permanecido cerrados durante 158 días, superando con creces la media global de 95 días de cierre.

Una de las consecuencias más preocupantes es la “pobreza de aprendizaje” provocada por el largo período en que los estudiantes han permanecido lejos de las aulas. Esta “pobreza” se define como el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un simple relato y la misma habría crecido de 51 por ciento a cerca del 62.5 por ciento, afectando a 7.6 millones adicionales de estudiantes en la región.

Antes de la pandemia, el 55 por ciento de los estudiantes de los primeros años de secundaria presentaban problemas para comprender adecuadamente un texto de moderada extensión; en estos momentos la cifra ya alcanza el 71 por ciento.

El impacto de esta pobreza de aprendizaje -sumada a la deserción provocada por la crisis sanitaria, a la falta de acceso a las clases virtuales junto a la enorme pérdida de capital humano y de productividad que se derivan de la crisis-, se podría traducir en una marcada caída de ingresos futuros cercana a 1.7 billones de dólares en la región.

Por ello, el pronto retorno a las clases presenciales resulta un objetivo prioritario si queremos evitar una profundización de los daños que la crisis sanitaria ha asestado a la educación.

Sin embargo, en momentos en que en nuestro país se ha confirmado la presencia de dos nuevas cepas, la P1 y la P2, de la variante brasileña del coronavirus, ese retorno no puede aplicarse sin considerar los riesgos que entraña para los jóvenes estudiantes.

Según informes al respecto, la variante P1 es dos veces más contagiosa, con capacidad de evadir la respuesta inmune y de disminuir en 30 por ciento la efectividad de la vacuna, además de afectar a personas de menor rango de edad que el virus original.

Sin duda, la educación de nuestros jóvenes es un elemento prioritario para la nación y el retorno a las aulas resulta imprescindible para revertir los impactos negativos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sufridos en este año crítico. Pero, no puede planificarse sin una sólida estrategia sanitaria y poniendo en riesgo la salud de nuestros estudiantes.