La CCIAP(Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura) y la AmCham han solicitado al Diputado Víctor Castillo, la oportunidad de tener un diálogo con la Comisión de Trabajo, Desarrollo Social y Salud de la Asamblea Nacional, para pactar los temas que involucran al Anteproyecto de Ley 209.

Este anteproyecto trata de regular el uso, comercialización, publicidad, contenido, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, productos de tabacos calentado y sistemas similares sin nicotina en la República de Panamá y sus respectivos consumibles, componentes, repuestos o recargas.

Los gremios están anuentes de que el propósito de esta iniciativa es honorable y puede beneficiar a la nación desde la Salud Pública, la prevención del contrabando, la recaudación de impuestos y la seguridad pública.

Se conoce evidencia científica estudiada por autoridades sanitarias de Estados Unidos (FDA y CDC), Portugal, Reino Unido, Uruguay, Nueva Zelanda, entre otros. Esto dio a conocer que los productos estipulados en esta propuesta pueden llegar a ser hasta 95% menos dañinos que los cigarrillos de combustión.

Aproximadamente 200 mil fumadores se verían beneficiados por este proyecto, el cual tendría opciones menos malignas; a sus familiares en todo caso que estos decidan optar por otras. Por último los vapeadores, los cuales ya utilizan los cigarrillos electrónicos como un instrumento para dejar de fumar.

Por su parte, las políticas públicas de salud no tendrán la oportunidad de disminuir de gran manera las enfermedades causadas por el humo que emiten los cigarrillos. Manteniendo la prohibición de estos productos, las autoridades se verán forzadas a gastar millones de dólares al año atendiendo enfermedades provocadas por este defecto. De igual manera se podría ahorrar ese dinero si se le permitiera a los fumadores las opciones electrónicas que no crean humo.

Además, el país podría perder la oportunidad de recolectar impuestos sobre los productos electrónicos que en la actualidad evaden la contribución Fiscal debido a la prohibición. En relación con eso, el ingreso podría ser empleado por el Ministerio de Salud en políticas públicas de suspensión, prevención y educación sobre el uso del cigarrillo.

Cabe resaltar que el 80% del contrabando de cigarrillos es manejado por el crimen organizado, el cual maneja sus ingresos ilícitos para sufragar otras actividades ilícitas, debido a esto se debe considerar el tutelaje para disminuir esta negligencia y poder aumentar la seguridad pública del país.