El proyecto de ley 508, trata de establecer descuentos a la educación particular, violenta la seguridad jurídica de las universidades particulares, que determina en las empresas privadas, que los precios son el producto de la relación de oferta y demanda, y las variables que definirán cuanto debe cobrar una universidad.
Lejos de promover el fortalecimiento de las universidades particulares, que subsidia una responsabilidad que le corresponde al Estado, el proyecto de ley en mención, deja entrever el espíritu clientelista del legislador, que se ganará los aplausos de los beneficiados con esta ley, pero no analiza en su contexto, las implicaciones que podría tener en la educación superior.
No nos oponemos a un descuento per se, si ha de ocurrir que sean las leyes de mercado que lo impongan, porque las universidades particulares han entrado en un nuevo escenario, donde deberán encontrar su equilibrio financiero dentro de esta realidad y una ley de esta naturaleza, lo que podría generar es el cierre de algunas universidades.
Si la educación es la estrella de este gobierno, lo menos que podemos hacer es atentar con la estabilidad económica de una universidad, bajo el supuesto de que hay algunos costos que con la educación virtual ya no se tendrán, pero no han valorado la inversión que se hace, para mantener el proceso educativo continuo y que los estudiantes no se hayan visto perjudicado por efectos de la pandemia.
Ya las universidades están pagando el impacto de la pandemia, su matrícula se ha reducido, padres y estudiantes que han perdido sus ingresos no han continuado sus estudios y adicional a esto, le imponemos un descuento, lo más seguro que esto contradiga las buenas intenciones que podría tener la ley.
No hemos entendido es el rol de las universidades particulares, que atiende el 40% de la demanda educativa, que subsidia al Estado, porque que en el evento de que estas no existieran, le correspondería al Estado hacer esta inversión. La cobertura académica es posible, porque hay ofertas que sólo las tienen las universidades particulares y le brinda las oportunidades a los panameños a estudiar en aquellas carreras que tenemos vocación.
Contrario a lo que muchos piensan que es un negocio, los que invierten en educación son personas con fines altruistas, probablemente estos recursos empleados en otra actividad empresarial daría mejores resultados, esta es una actividad donde es muy difícil entrar, pero de igual forma es complicado salir, ya que estas comienzan a formar parte del patrimonio cultural que todos debemos preservar.
Cuando se clausura una universidad, todos perdemos, la experiencia acumulada de estos centros de estudios, los jóvenes que verían difícil emigrar a otra universidad, porque la oferta académica sólo la tiene la universidad cerrada, los docentes y administrativos que perderían sus empleos y las contribuciones fiscales que se desprenden de una actividad económica.
Invitamos a la reflexión, no podemos continuar satanizando a las universidades privadas, veamos sus resultados y lo que ha significado para el país. Hemos continuado por el sendero que marcó la USMA en 1965, liderada por el P. Benjamín Ayechu, su primer rector, y hoy constituimos una oferta educativa a lo largo y ancho del país.
El autor es docente universitario