Juan Carlos Araúz, es el presidente del Colegio Nacional de Abogados y habló con Destino Panamá sobre la necesidad de que el Ejecutivo retome la creación de un Ministerio de Justicia. Opina también sobre el caso Odebrecht y la elección de 6 magistrados de la Corte al final del periodo del Presidente Laurentino Cortizo.
Odebrecht ha incumplido los pagos, incluidos en la sentencia dictada por la Corte, ¿Cuáles deberían ser las repercusiones por esta falta?
Más que la nueva administración se trata de asuntos heredados. Esos acuerdos que se validaron ante el Órgano Judicial de alguna manera se pone en evidencia actualmente, que no tenían garantías. No había una forma de garantizar el cumplimiento de esos pagos y ese es un eslabón que quedó simplemente sin ser tomado en cuenta al momento de realizar el acuerdo en la forma en que se celebró poniendo de contexto también que la fórmula de haber homologado el acuerdo sin el cumplimiento de las obligaciones pactadas habría sido también un error y que el proceso debió quedar sujeto a una suspensión para verificar el pago total inclusive de la suma de dinero, pero que pasado el tiempo el proceso penal ha concluido y eso hace que el proceso ya no sea mirado como un tema penal y que en la actualidad esto debe ser mirado el incumplimiento de una obligación que está en una sentencia y ahora a mi entender, no es el Ministerio Público el que tiene que tomar un rol de participación sino es el Estado a través del gobierno, en donde esa sentencia tiene que hacerse valer mediante un proceso ejecutivo en los juzgados de circuito civil.
¿Es el Estado quien tiene que tomar la rienda?
Se abre una situación inédita, porque en principio los incumplimientos nunca habían tomado escena y por eso hoy día habría una opción a través de las Fiscalías de Asuntos Civiles, sin embargo este tipo de demandas ejecutivas requieren de la habilitación de un abogado por parte del Estado que actúe en representación del mismo para que sea quien comparezca ante el juez presente lo que se conoce como un título ejecutivo que no es otra cosa que la sentencia y el calendario de pago, y determinar las sumas que estarían vencidas y que son exigibles y líquidas, ese mecanismo es el que obviamente está resultando ser una circunstancia inédita en la historia judicial panameña.
¿Este comportamiento merece una sanción para Odebrecht?
Claro. Por eso hago referencia a que lo que corresponde es la visión del Estado a través del gobierno para que de alguna manera el comportamiento desafiante, una burla al Estado panameño, tenga alguna consecuencia. Sin embargo los parámetros de la ley se quedan cortos, pero es conocido que el gobierno al momento de entablar algún tipo de relación para quien le provea bienes o servicios simplemente excluye a muchas personas sin ningún motivo. Ahora imagínese que con este motivo real en el que se puede considerar que el Estado está siendo burlado al desatender una sentencia judicial, habrían los elementos suficientes para que el gobierno determine que esa compañía le transmite al ciudadano una sensación de impunidad y esa sensación de impunidad es contraproducente para un gobierno que quiere mostrar compromiso con la transparencia
¿Por qué está estancado el caso?
Aquí surge un elemento particular. El Sistema Judicial nunca estuvo preparado para administrar una causa tan compleja. Solo el número de páginas que tiene un expediente de esta naturaleza hace romper cualquier expectativa trazada previamente.
No es que se pueda hablar de retraso. Se trata de un enfrentamiento a la realidad, un sistema judicial sin tecnología, sin herramientas de auxilio y que nunca estuvo preparado para enfrentar los rigores de una investigación de esta naturaleza con agilidad casos como este.
Es el mundo de lo judicial versus de lo que la sociedad quiere, de como opera una justicia y está la realidad de la justicia olvidada, abandonada, un sistema inquisitivo mixto que es el aplicable en sus fases finales, en la muerte del sistema, en el que de alguna manera la ausencia de soporte para ese sistema va a seguir produciendo situaciones contradictorias y de cuestionamiento social.
Al final de su administración, Cortizo habrá nombrado 6 de los 9 magistrados de la CSJ, ¿es peligroso esto para la separación de poderes?
Habría que referirnos al diseño constitucional con el cual el pleno de la Corte Suprema de Justicia nace, en donde se programó una renovación escalonada de los magistrados, que de alguna manera, buscaba que los gobiernos fuesen incorporando designaciones sin tener incidencias en la designación de las mayorías en un momento determinado. Sin embargo, ese diseño constitucional es superado por la realidad, pues el precedente anterior es que el presidente Varela no pudo nombrar a sus designados en el término correspondiente y se convierte en una posibilidad del presidente Cortizo. La realidad es que el presidente Cortizo debe nombrarlos.
Lo peligroso o no, radicaría en lo siguiente: si nosotros pensáramos que los magistrados actúan como pertenencia de un presidente o de un partido político, la respuesta es claro que sería peligroso por esa dependencia. Sin embargo, si el carácter de las designaciones radica en meritocracia el tema de peligroso o no para la democracia desaparece, en torno a que las posiciones en donde abogados con ejecutoria y con una carrera satisfactoria como profesional le coloca en una posición en que la duda de su actuación estaría despejada de los matices políticos y características tradicionales. A esto le agrego, el mecanismo que el presidente utilizó en la designaciones anteriores en donde abrió el debate sobre quiénes deberían ser las figuras, desligándose de alguna manera de esa centralización de las figuras nombradas, allí entonces podríamos también matizar qué significa peligroso para la democracia a la luz de nombramientos de personas capaces, con trayectoria y con créditos suficientes para sentarse en los puestos más altos dentro de la Corte Suprema de Justicia.
¿Se debe discutir el tema de justicia en el Pacto Bicentenario?
No. Es un tema que debe ser tratado como una política estado y no dirimido en el poder popular. Son temas técnicos muy complejos.
Los temas de Justicia se solucionan con determinación del Presidente de la República, por ejemplo nombrando a un ministro de justicia. Estableciendo una sistematización de toda la ordenación y sistematización de todo la legislación en los temas de Justicia y garantizando que esa agenda Legislativa se pueda convertir en una realidad.
¿Cómo ve el Pacto por la Justicia?
En el 2009 se eliminó la palabra Justicia del Ministerio de Gobierno y Justicia, quedando solo Ministerio de Gobierno; desde ese entonces en el Ejecutivo no se ha hablado o no hay quien trate el tema de Justicia, lo que signfica que el Pacto por la Justicia debe ser encabezado desde la Presidencia y debe lideralo un ministro de Justicia y ese es el problema del pacto en la actualidad.
