El general Salvador Cienfuegos, el todopoderoso exsecretario de Defensa Nacional de México, regresó la semana pasada a su país tras una extraña negociación que lo sacó de una cárcel en Estados Unidos acusado de tres cargos de narcotráfico y uno por lavado de dinero.

La sorpresiva decisión por “consideraciones de política exterior sensibles” había sido anunciada en la víspera en un comunicado conjunto del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y su colega mexicano Alejandro Gertz.

El comunicado dijo que «en reconocimiento de la fuerte sociedad en la aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y en el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia ha decidido buscar el retiro de las acusaciones penales contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y, en caso de ser procedente, procesado de acuerdo a las leyes mexicanas».

Algo sin precedentes sobre todo cuando las autoridades estadunidenses no han demostrado confianza en sus colegas mexicanos desde la tortura y muerte en México, en 1985, de Enrique Camarena, un agente de la DEA.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard hizo el martes pasado una relatoría de los distintos contactos diplomáticos entre su gobierno y Washington tras la captura de Cienfuegos. Según Ebrard, en un acto de soberanía, México reclamó al gobierno de Donald Trump no haber notificado previamente la detención e indagatoria del militar.

Tras los intercambios, el gobierno estadunidense entregó a México un expediente de 700 páginas que la cancillería pasó a Gertz para que iniciara investigaciones a Cienfuegos bajo leyes mexicanas.

El columnista mexicano del diario El Universal Carlos Loret de Mola aseguró que la ofensiva diplomática para que se revisara el caso de Cienfuegos en Estados Unidos fue tan fuerte, además de las presiones militares que recibió el presidente, por una simple razón. Si permitían que acusaran y enjuiciaran de esa manera a un exsecretario de la Defensa Nacional, los acusados y detenidos por la justicia estadunidense podría ser cualquiera de los altos funcionarios cuando termine en el 2025 el gobierno de López Obrador.

Respeto a las Fuerzas Armadas

Ebrard declaró que no consideraba la liberación del general Cienfuegos «como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a sus Fuerzas Armadas», el principal aliado de la gestión del gobierno de Lopez Obrador.

Una posición que contradijo su reacción inicial de las autoridades mexicanas luego de la captura de Cienfuegos. En ese momento, López Obrador amenazó con realizar una limpieza de la Secretaría de la Defensa Nacional de todos los militares con algún vínculo con Cienfuegos.

“No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo. Vamos a esperar el resultado de la investigación, pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de esos cargos”, declaró.

Cienfuegos regresó a México y en el intermedio no hubo ningún mando del ejército removido por su cercanía con el exsecretario de Defensa Nacional.

“El que se siga pensando que los procesos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las de México ya no corresponde a la nueva realidad”, dijo el miércoles pasado, López Obrador en su rueda de prensa diaria.

De acuerdo a distintas fuentes fue el propio presidente de México quien intervino decisivamente para pedirle a Trump, la liberación de Cienfuegos.

López Obrador fue presionado por el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval. Ese alto militar no solo es el sucesor de Cienfuegos en el cargo. Es en buena medida su hechura y fue clave para que López Obrador entendiera la preocupación de la elite militar y lo que estaba en juego.

El diario The Wall Street Journal aseguró la semana pasada que el gobierno de México advirtió a Washington que si se avanzaba el juicio contra Cienfuegos, se acabaría la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

El rotativo The Washington Post aportó más detalles. Afirmó que fiscales federales de Nueva York atribuyeron el cambio de rumbo del caso a las «amenazas del gobierno mexicano para limitar el rol de la DEA en territorio nacional». Un funcionario mexicano confirmó al Post sobre la posibilidad de que la DEA fuera excluida del país.

«La decisión de retirar los cargos en contra de Cienfuegos, equivale a un revés significativo, aunque solo sea simbólico, para los esfuerzos del Departamento de Justicia contra el tráfico de drogas en México», escribió el rotativo. El Departamento de Justicia estadunidense entregó pruebas incriminatorias a los fiscales mexicanos, aunque advirtió que «existe la posibilidad de que Cienfuegos no vaya a prisión” en México.

El diario de The New York Times también expresó dudas. Advirtió que en México «será difícil enfrentarse a un alto general con enormes recursos y apoyo en un país con un frágil estado de derecho».

Regalo de Trump

“Esto no es más que un regalo, un enorme regalo de Trump», aseguró a Associated Press, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.

Fundamentó su opinión en el hecho de que López Obrador ha estado muy subordinado a la Casa Blanca y hasta el momento no ha felicitado al demócrata Joe Biden, como presidente electo. La incógnita en el plano diplomático son las repercusiones que tendrán esos hechos ante la llegada de Biden al poder y los costos políticos futuros que pagará México.

Cienfuegos, uno de los poderosos funcionarios de Enrique Pena Nieto, cuyo sexenio estuvo salpicado por múltiples casos de corrupción, se sentía tan seguro de que no había causa en su contra que el 15 de octubre voló con toda su familia en un viaje turístico a Los Ángeles. Si hubiera esperado una orden de aprehensión en su contra, seguramente no habría llevado a cabo esa visita.

La acusación contra Cienfuegos procede de las declaraciones de dos testigos protegidos. La fiscalía estadunidense filtró, además, información con elementos incriminatorios, contenida en centenares de mensajes de texto. Hablan de un «padrino» que apoyaba a un grupo de narcotraficantes, y que habría estado en algún momento en televisión, pero no hay una identificación certera de que haya sido realmente Cienfuegos.

Sin embargo, todo cambio repentinamente. En una audiencia presidida el miércoles pasado por la jueza Carol Bagley Ammon, estaban presentes el abogado de Cienfuegos, Ed Sapone, y los fiscales Seth DuCharme y Allen Lee Bode, en representación del gobierno de Estados Unidos.

Durante la audiencia, la jueza preguntó si la decisión de desechar el caso se tomó «en los más altos niveles». DuCharme confirmó que la tomó Barr, el fiscal general.

Sapone confirmó que había revisado el acuerdo de retiro de cargos con Cienfuegos y que éste lo aceptó y firmó.

La jueza le pidió a Cienfuegos que se pusiera de pie y jurara decir la verdad. Le preguntó si estaba de acuerdo con la moción para retirar los cargos en su contra en Estados Unidos y ser enviado a México.

-¿Entiende y está de acuerdo?, preguntó Ammon.

-Sí, señora, respondió Cienfuegos.

La juez subrayó que, según el acuerdo, Cienfuegos abandonaría de forma expedita Estados Unidos, bajo custodia de alguaciles federales.

-¿Tiene miedo de ser perseguido en México?, preguntó Ammon.

-No señora, fue la respuesta de Cienfuegos.

-¿Está de acuerdo en que sea México el que lo investigue?, inquirió nuevamente la jueza.

-Sí, señora, tuvo por respuesta.

El general fue trasladado a Mexico el jueves. Llegó al aeropuerto de Toluca al atardecer en un Gulfstream 4, matrícula N40VC, del gobierno estadunidense, procedente de Nueva Jersey.

“Se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la FGR, donde se le practicó, con su anuencia, un dictamen pericial médico, para la constancia de su estado de salud al arribo a este país, el cual resultó favorable”, indicó la Fiscalía mediante un comunicado.

“Un agente del Ministerio Público le notificó formalmente al general Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado; carpeta que fue iniciada por la FGR, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas, a través de la FGR”.

Cienfuegos proporcionó sus datos personales y de contacto a la FGR. Manifestó estar en total disposición para atender los requerimientos propios de la investigación. Exactamente 32 minutos después de su arribó a México se dirigió a su casa como un hombre libre y los 33 días en que estuvo privado de libertad quedaron en el pasado.