Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se negó a entregar un cronograma de ejecución de los trabajos de reactivación de las obras de la Ciudad de la Salud, dio por concluida sus responsabilidades bajo el argumento de que el contrato está vencido, solicitó su liquidación e instó a la Caja de Seguro Social (CSS) a que tome posesión de la construcción.
En una nota fechada el pasado 9 de octubre, y suscrita por, Gerardo Lugo Mendoza, representante legal de Construcciones Hospitalarias, S. A. (CH), filial de FCC, tilda de “espuria y extemporánea” la intención de la CSS de resolver administrativamente la finalización del contrato, y que la medida “sea un paso previo para posteriormente tratar de ejecutar las fianzas”.
Lugo, responde en estos términos al director de la CSS, Enrique Lao, tres notas que la institución de salud envió a FCC fechadas el 28 de agosto, 3 de septiembre y 2 de octubre.
El contratista expresó que los asuntos detallados en las cartas de la CSS deberán ser analizadas por el tribunal.
Sin embargo, como la institución continúa remitiendo notas, la señala de “querer desentenderse de las circunstancias”.
La CSS decidió extinguir por resolución administrativa el contrato de la Ciudad de la Salud, cuyo costo original era de 587 millones de dólares, y adjudicado en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
La obra tiene más de 5 años de estar detenida como resultado de que se detectaron irregularidades durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela.
La controversia por las fianzas
FCC recordó a la CSS que, que como resultado de la petición de emergencia presentada ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y la solicitud de arbitraje internacional, este último; ordenó “no ejecutar las fianzas durante un periodo que transcurre desde la presente orden hasta 90 días posteriores a la constitución del Tribunal de Arbitral, o hasta tanto el Tribunal Arbitral ordene lo contrario”.
La nota, con copia a las empresas aseguradoras, reitera la disposición del tribunal arbitral, así como que el contrato debe ser considerado “vencido y resuelto” desde el momento en que lo comunicó, es decir, el 25 de agosto.
El pasado 19 de septiembre, Lau, dijo a los medios de prensa que, la empresa contratista pretendía “secuestrar” las fianzas.
El reclamo de FCC asciende a 125 millones de balboas, por el tiempo en que estuvo detenida la obra.
La fianza de cumplimiento es de aproximadamente 55 millones de dólares y la fianza de anticipo de unos 38 millones de dólares, de acuerdo con cifras aportadas por la CSS.
El conteo de días, centro de la disputa
FCC invocó la cláusula 26.3 del contrato que le permite terminar el contrato de construcción apelando a causas de fuerza mayor.
El cómputo de días de acuerdo con FCC corresponde a 183 días los que incluyen, los 30 días de la huelga convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) en abril y mayo de 2018, y el período en que se suspendieron las actividades comerciales como resultado pandemia Covid-19.
El 28 de agosto, la CSS en una misiva desconoció que la suspensión de labores sumara 180 días, en tanto, FCC alega que esa posición se constituye en una “negación al derecho del contratista a resolver el contrato, en virtud de la cláusula 26.3”.
En esta contestación, FCC advierte que, “el hecho de que se hubiera podido conceder alguna prórroga de plazo derivada de suspensiones por causa de fuerza mayor, no impide en absoluto que esos días de suspensión de las obras computen a los efectos dispuestos en la cláusula 26.3”.
Rechazó lo que tildó de “intento de la CSS de tener como inexistente” la nota en la que formalizó la culminación del contrato.
El director de la CSS esclareció que, en febrero culminó «un proceso de conversación» con FCC en el que no se alcanzaron acuerdos porque como explicó, la constructora no se comprometió cumplir las solicitudes de la CSS.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, tildó de “inconcebible” los reclamos de FCC por deudas millonarias al gobierno de Panamá
FCC desconoce la reactivación de la obra
Advierte que la Resolución 822 del 28 de agosto de 2020, por medio de la cual el Ministerio de Salud autorizó la reactivación de la obra de construcción, no es aplicable y rechaza la “presentación de ninguna propuesta al amparo de un contrato ya vencido”.
Además, se niega a entregar el cronograma de ejecución actualizado de los trabajos para la reactivación de las obras, reiterando de que “el contrato se encuentra sin efecto”.
«La CSS no se encuentra habilitada para solicitar, ni CH obligada a entregar, ningún cronograma actualizado de ejecución de obras”, sustenta.
Objetó también los incumplimientos que la CSS le imputó en carta fechada el 3 de septiembre, y señala que varios de estos fueron “desechados en el arbitraje y la Orden”.
Pidió a la CSS que tome posesión y “se haga responsable” de los terrenos en los que se ejecutaba la obra en condición de propietaria, además de tomar la guarda y la custodia.
Sumado a eso, los materiales y equipos adquiridos para su inclusión al proyecto, y la desmovilización que resulten necesarias, y que, por último, se liquide el contrato.
Finalmente advierte que hará reserva de todos los créditos, cantidades a cobrar, reconocimiento de costos, y demás derechos que le correspondan.
FCC, propiedad de Carlos Slim, está acusada en España de supuestamente pagar coimas, precisamente en esta obra, así como en la construcción del Metro.
El Ministerio Público abrió otro proceso por el pago de supuestos sobornos y sobrecostos por más de 100 millones de dólares en proyectos del Plan para el Reordenamiento Vial de la Ciudad
