América Latina y el Caribe está viviendo su peor crisis económica en un siglo. La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) estima que, al culminar este año, el nivel de PIB per cápita en la región sería igual al de 2010, es decir, retrocedería 10 años con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza como resultado de la crisis que desató la pandemia por la Covid-19.
El organismo de la Naciones Unidas recomienda para la recuperación y la transformación económica y social, mantener y profundizar las políticas macroeconómicas activas, indicó.
El estudio Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19, presentado hoy, por la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcenas; prevé que se producirá el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, con un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global.
La pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, es decir, marcaría un retroceso de 15 años, alcanzando a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas.
“La pandemia del COVID-19 está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo. Por ello, el proceso de recuperación de la actividad económica (PIB) a sus niveles precrisis será más lento que lo observado en la crisis subprime (de 2007-2008)”, indicó Bárcena al presentar este estudio.
“En este escenario, serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural. Propone fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales, y fortalecer la macro regulación prudencial junto a la regulación de los flujos de capitales para preservar la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano plazo”, explicó.
Economía panameña mostraría leve recuperación
La CEPAL pronostica que la economía panameña se contraerá un 6,5% como consecuencia de las medidas implementadas para enfrentar la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el país y en el mundo.
La mayor afectación ocurriría en el segundo y el tercer trimestre del año y, a partir del cuarto trimestre, se produciría una ligera recuperación.
Si bien, en su serie original, el índice mensual de actividad económica correspondiente a marzo de 2020 aún revelaba un crecimiento interanual del 0,58% (2,96% en el mismo mes de 2019), en mayo registró una fuerte caída del 40,9%.
Política fiscal y déficit
En materia de política fiscal, el Estudio Económico 2020 indica que, los países han realizado diversos esfuerzos fiscales pata mitigar los efectos de la pandemia, que en promedio suman el 4,1% del PIB, acompañados de garantías estatales de crédito de hasta 10% del PIB.
Estos esfuerzos fiscales, además de las caídas en los ingresos públicos, han contribuido a un mayor déficit fiscal y aumentos de la deuda pública.
Es necesario que América Latina y el Caribe aumente su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PIB en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con el 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para esto se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados a la salud pública.
El informe también resalta que el alivio y restructuración de la deuda para países con vulnerabilidades y alta carga de pagos de intereses es necesario para expandir espacio de políticas.
Actualmente, los países de renta media concentran el 96% del total de la deuda de los países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo que es urgente que la comunidad financiera internacional amplíe las condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades de financiamiento a nivel mundial.