El desempleo, que antes de la pandemia se ubicaba en el 7.1%, después de seis meses de cuarentena saltó hasta ubicarse entre el 20 y el 25%. Esto representa entre 460 mil y 570 mil personas sin empleo.

Y la economía informal, que a principio de año ya bordeaba un alarmante 45 %, se ubica ahora en un 55%, lo que significa que 71 mil panameños se sumarán al ejército de 716 mil trabajadores informales contabilizados antes de la crisis sanitaria.

Tras estas cifras existe otra crisis que ha permanecido ignorada mientras la atención del país se concentra en el covid-19: la creciente migración de estudiantes -que ya ha empezado- desde el sistema de educación privada hacia el público.

Ante la disminución o la ausencia total de ingresos, cada vez serán más los padres y madres de familia que se verán impedidos de cumplir con los compromisos financieros para educar a sus hijos en el sistema privado.

Transcurridos seis meses de pandemia, las escuelas privadas han perdido una matrícula cercana a los 2 mil estudiantes; mientras que la morosidad se ubica entre el 50 y el 90%, lo que deriva en dificultades para cumplir con los compromisos salariales tanto administrativos como de profesores.

La salud y la educación son pilares fundamentales en la vida de toda nación. Por el momento, toda la atención y los esfuerzos han estado concentrados en la lucha sanitaria. Sin embargo, no podemos obviar este problema relacionado con la educación de nuestra juventud.

¿Puede el sistema de educación estatal recibir a esta creciente masa de estudiantes que ya no podrán continuar en el sistema privado? ¿Puede incorporarlos sin desmejorar aún más las lamentables condiciones en que se desenvuelven nuestro educadores y estudiantes del sistema público? El futuro nacional depende en gran medida de las respuestas y soluciones que podamos encontrar ante esta otra gran crisis.